Tras conocer la noticia de que el Estado deberá abonar a la familia del dictador Francisco Franco los gastos por sus inversiones llevadas a cabo en el Pazo de Meirás, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición al Gobierno para que lleve a cabo un recurso que inicie la vía judicial para reclamar los daños y perjuicios causados por los descendientes del dictador por el uso ilegal que han hecho del Pazo durante más de 45 años. Sin duda se trata de un uso delictivo que debe ser investigado, juzgado y sancionado.
La ARMH argumenta que las dos escrituras llevadas a cabo para falsificar la propiedad del Pazo de Meirás deben ser la herramienta de partida para exigir el pago por el uso ilegal y la ocupación del Pazo durante 45 años en democracia y desde su compra fraudulenta el 3 de agosto de 1938. Todas esas medidas deben servir además de para hacer justicia y terminar con la impunidad y el blanqueo de una fortuna que es fruto del saqueo.
Instan además al Estado a iniciar otra vía judicial que reclame consecuencias al saqueo de bienes de Patrimonio del Estado que ha sido llevado a cabo con total impunidad. “Lo que en cualquier otro caso habría terminado con una redada policial ante una banda organizada para llevar a cabo el expolio y el saqueo de bienes que son propiedad del Estado, no puede recibir un tratamiento preferente por parte de las instituciones democráticas”, denuncia Emilio Silva, presidente de la ARMH.
En ese sentido, la ARMH espera que se termine con el consentimiento del saqueo que se le ha permitido a la familia del dictador y que se investiguen, a través archivos y del numeroso material gráfico que existe en agencias de prensa y publicaciones, todas las piezas de Patrimonio Nacional que han sido saqueadas por la familia, así como que se recuperen los miles de documentos que son de propiedad pública y en la actualidad se encuentran en el archivo de la fundación dedicada al enaltecimiento del dictador.
“Si el Estado indemnizase a la familia del dictador Francisco Franco, por sus supuestas inversiones en el Pazo, se estará agrediendo a las víctimas del franquismo, a las que sufrieron la violencia de la dictadura, y a las miles de familias que sufrieron el saqueo de su patrimonio a punta de pistola y que una vez regresada la democracia han visto cómo el Estado indemnizaba a algunos sindicatos y partidos políticos y no ejercía ninguna actuación para que ellas recuperasen el patrimonio saqueado por los fascistas”, concluye Silva.