La clase política española tiene un latiguillo muy recurrente: «respetamos las decisiones de la Justicia». Eso no es del todo cierto, sobre todo cuando esas decisiones judiciales vienen de Europa, son contrarias al Estado y benefician a los ciudadanos. Es entonces cuando, independientemente del color político, se ponen en marcha todos los mecanismos para que lo que dictan los jueces en Luxemburgo no se aplique en España.
En España, los gobiernos no han dudado en poner a la Abogacía del Estado al servicio de los intereses de los sectores privados en contra de los derechos de los ciudadanos. No hay más que ver la enorme cantidad de dinero público que se malversa para defender a grandes empresas o para tapar los atentados que perpetra el Estado contra la ciudadanía.
Es más, esa Abogacía del Estado no ha dudado en afirmar que los derechos fundamentales de las personas pueden ser vulnerados en aras del «interés general». No hay más que comprobar los escritos presentados en procedimientos relacionados con abusos del sector financiero o de grandes empresas.
El año 2020 no fue bueno para el Estado español porque la justicia europea desenmascaró muchas de las taras con las que tiene sometido a su ciudadanía. Todo ello, sin contar con las devastadoras consecuencias de la pandemia de Covid-19. Tras la demoledora sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo de 2020 contra el Estado español, el 8 de junio de ese mismo año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dictó la primera sentencia de fijeza en España para un caso de abuso de temporalidad en las administraciones públicas.
A partir de aquí, tanto el gobierno de Pedro Sánchez como los autonómicos y locales, en lugar de un plan para revertir las disparatadas tasas de temporalidad en el empleo público de las que alertaba el TJUE, se pusieron en marcha todos los mecanismos del Estado para cortar de raíz cualquier esperanza de justicia para un colectivo de cientos de miles de trabajadores.
Esto es lo que se narra en el documental Hambre de Justicia, una pieza que relata, en primera persona, la huelga de hambre que cuatro trabajadoras del sector público realizaron contra este abuso de la temporalidad en la primavera de 2021.
Coro Alonso Fuentes, Irune Saiz Oro, María Jesús Casado Sanz y Raquel de la Riva Fernández son las protagonistas de una gesta que, rompiendo el bloqueo informativo, supuso un enorme revulsivo para un colectivo en el que reinaba la desesperanza.
Hasta más de sesenta días se llegó a extender esta solidaria y comprometida acción de protesta, que puso a prueba el aguante de sus cuerpos y sus mentes. En Hambre de Justicia, estas cuatro mujeres profundizan de forma descarnada sobre los motivos y las consecuencias de estos acontecimientos cargados de épica.
Entre las cuatro sumaron, en términos absolutos, más de 5 meses de huelga de hambre. Coro Alonso trabaja para el departamento de educación del Gobierno Vasco desde hace 17 años en abuso de temporalidad. Estuvo 2 meses y 2 semanas en huelga de hambre.
Irune Saiz trabajó 16 años en abuso de temporalidad en el Ayuntamiento de Bilbao. Estuvo 62 días en huelga de hambre.
El caso más paradigmático fue el de María Jesús Casado, porque ella es funcionaria de carrera en la Generalitat Valenciana. Estuvo 46 días en huelga de hambre contra el abuso de temporalidad que sufrían sus compañeras.
Finalmente, Raquel de la Riva, trabajó durante 17 años en abuso de temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza y estuvo 17 días en huelga de hambre acudiendo todos los días a su puesto de trabajo, incluso alargando su jornada.