La problemática de los interinos en España roza ya la crueldad administrativa. Cada seis meses, Lucía, maestra de Primaria en un colegio público de Cáceres, firma un nuevo contrato temporal en el que la palabra "incertidumbre" aparece implícita en cada cláusula. A sus 47 años y dos hijos, Ana acude al colegio con la misma mochila de dudas con que llegó tras acabar la carrera, hace ya más de dos décadas. "¿Por qué el Estado, con sus millones de empleados fijos, no es capaz de ofrecerle una plaza estabilizada, como exige la normativa europea?", se pregunta resignada.
La respuesta, al menos sobre el papel, debería llamarse Ley 20/2021, la "gran solución" legislativa (valga el sacasmo) del Gobierno para poner fin a la precariedad y al fraude de ley. En la práctica, se ha revelado como un parche mal cosido en el uniforme burocrático. Los procesos selectivos exprés, diseñados para agilizar la conversión de interinos en funcionarios de carrera, se han convertido en pasillos de oposiciones eternas, con exámenes que repiten contenidos de convocatorias anteriores y baremos que vulneran el principio de equidad. Muchos candidatos, tras invertir tiempo y dinero en formarse, ven cómo su experiencia y méritos se disuelven en unos méritos administrativos que no reconocen ni su antigüedad ni su desempeño.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no tardó en dar la alarma. La última decisión, en junio de 2024, el tribunal sentenció que España continuaba incumpliendo la Directiva 1999/70/CE: la Cláusula 5, la norma europea contra el abuso de la temporalidad, quedaba convertida en un brindis al sol. La Comisión, además, abrió expedientes de infracción, amenazando con sanciones económicas que cada ciudadano pagaría con sus impuestos, justo cuando el dinero público debería destinarse a sanidad, educación y servicios sociales, no a cuadrar los agujeros de una legislación mal planteada.
Mientras tanto, en los tribunales españoles persiste el argumento pueril de que “no se puede ir contra la ley”. Los jueces de lo contencioso, lejos de exigir una interpretación valiente, optan por escudarse en la rigidez del texto, ignorando que el propio Tribunal europeo ha marcado una hoja de ruta clara: convertir de oficio los contratos abusivos en indefinidos. Hacerlo no supone inventar una figura jurídica nueva, sino aplicar de una vez por todas la cloncluyente imposición de la UE.
En los despachos de los ministerios, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos impera la inacción. Se habla de “revisar” la norma antes de fin de año, pero la realidad es que la prórroga tras prórroga ha normalizado la precariedad. Los interinos no son una excepción temporal: son parte del engranaje público. Y cuanto más se alarga su limbo laboral, más se demuestra la incapacidad del Estado para gestionar sus propios recursos humanos y para cumplir las normas que él mismo firma en Bruselas.
El resultado es que España, lejos de liderar reformas valientes, se conforma con el mínimo público viable. Cada sentencia del TJUE recuerda al Ejecutivo y a los parlamentos autonómicos que la temporalidad excesiva es un abuso intolerable, pero la política española reacciona con remiendos, decretos de urgencia y un infantilismo jurídico que espera a que los interinos se jubilen para “limpiar” las listas de aspirantes.
Lucía, la maestra cacereña, resume la indignación de decenas de miles de empleados. "Cada día, al entrar en el aula, pienso en la cruel ironía de enseñar estabilidad a niños mientras su propio contrato pende de un hilo administrativo. Para mí y para mis compañeros interinos, la conversión automática en fija no es un regalo: es un derecho. Y si el Estado español sigue aferrado a su incapacidad, el Tribunal de Justicia de la UE podrá dictar sentencias, pero seremos los interinos los que, al fin, conseguiremos tener un trabajo digno… Pero, mientras eso pueda llegar a pasar, seguiremos pagando la factura de la ineptitud política".