La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT) ha dado un paso histórico en su batalla contra el abuso de temporalidad al presentar el pasado 10 de julio seis demandas de omisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Con estas reclamaciones, la federación denuncia que la Comisión Europea ha incumplido su obligación de sancionar el “abuso estructural y prolongado” de la contratación temporal en las administraciones públicas españolas, a pesar de contar con pruebas sólidas que acreditan este patrón discriminatorio y desproporcionado.
La ofensiva jurídica de FETAP‑CGT, promovida en representación de más de 300 empleados temporales de instancias locales, autonómicas y estatales en comunidades como Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid, se basa en la tesis de que las normas nacionales vigentes —en especial la Ley 20/2021 y el Real Decreto‑ley 14/2021— han mantenido viva la contratación temporal sin imponer nunca sanciones efectivas ni disuasorias. Según el sindicato, estas leyes no solo han prolongado la inseguridad laboral, sino que han servido como mecanismo para amortizar plazas y despedir de manera masiva a trabajadoras con décadas de experiencia, afectando de modo especialmente grave a mujeres mayores de 50 años que llevaban años prestando servicios esenciales.
Para sustentar sus demandas, FETAP‑CGT remitió en mayo y junio de 2025 a diversas instituciones europeas dos exhaustivos informes en los que recogía datos estadísticos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, incorporó documentos del Defensor del Pueblo y de las cámaras de cuentas autonómicas, junto con dictámenes consultivos que ponen en evidencia el uso continuado de contratos temporales sin reparación de derechos ni tutela judicial efectiva. Estos informes advierten de que los procesos de estabilización puestos en marcha hasta la fecha no han hecho sino consolidar la temporalidad, sin lograr ninguna conversión sustancial de plazas ni ofrecer compensación económica a quienes han sufrido este abuso.
El litigio llega en un momento crítico para España en Bruselas. La Comisión Europea ha decidido suspender de manera provisional 626 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al considerar incumplido el hito 144, que exigía la adopción de medidas eficaces contra la temporalidad abusiva. El Ejecutivo dispone ahora de un plazo de seis meses para enmendar la situación; en caso contrario, los fondos quedarán definitivamente retenidos y podrán ser objeto de sanción directa.
A pesar del riesgo de perder esta partida millonaria, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el 9 de julio que no contempla ni modificaciones retroactivas de las indemnizaciones ni mecanismos de reparación para los afectados. Su propuesta, centrada en ajustes legales de futuro, ha sido tildada de insuficiente por FETAP‑CGT, que considera prioritario imponer “sanciones efectivas” y garantizar “la reparación inmediata” de quienes han visto vulnerados sus derechos tras años de servicios prestados en condiciones de abuso.
Si el TGUE avala las demandas por omisión, la Comisión Europea quedará obligada a abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español, lo que podría desembocar en multas económicas y, a medio plazo, en litigios por inejecución conforme a los artículos 265 y 266 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Más allá de la sanción, un fallo favorable podría allanar el camino para reclamar la conversión de contratos temporales en plazas fijas y exigir indemnizaciones a quienes han prestado servicio en entidades de justicia, educación, sanidad y administraciones locales y autonómicas, sin posibilidad hasta ahora de acceder a la tutela judicial efectiva.
Con la tensión entre Madrid y Bruselas en aumento, sindicatos y colectivos de trabajadores permanecerán vigilantes. La resolución que adopte el TGUE podría redefinir la política de empleo público en Europa y sentar un precedente para otros Estados miembros que también arrastran altos niveles de temporalidad. Mientras tanto, los miles de empleados temporales aguardan una sentencia que, por primera vez, ponga en práctica el derecho comunitario y convierta en hechos las promesas de estabilidad y justicia laboral.