Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), las administraciones públicas registraron una pérdida de 92.100 empleos durante el primer trimestre del año. Esta cifra representó prácticamente la totalidad del empleo neto destruido en el conjunto del mercado laboral en ese periodo y marca un retroceso sin precedentes en el ámbito del empleo público.
Esta situación es preocupante ante lo que considera “la mayor destrucción de empleo de la serie histórica” de la EPA. Para encontrar un desplome similar, hay que remontarse al segundo trimestre de 2003, cuando se aplicaron recortes y privatizaciones orientados a reducir el déficit público. Ni siquiera en 2013, en plena crisis financiera global, se había alcanzado una caída de tal magnitud.
Esta situación es especialmente alarmante si se considera la pirámide demográfica del sector público. Más del 60% de los empleados públicos actuales tiene más de 50 años, y cerca del 30% podría jubilarse en la próxima década. Sin una estrategia clara de reposición y refuerzo de plantillas, existe un claro riesgo de “colapso” en los servicios esenciales del Estado.
Pese a las ofertas de empleo público aprobadas en los últimos ejercicios, la destrucción de empleo público duplica la oferta de empleo de toda la Administración General del Estado (AGE) del año pasado. Un desequilibrio que, pone de relieve la falta de planificación del actual gobierno.
Temporalidad sin freno y compromisos incumplidos
Otro de los puntos críticos que muestran los datos oficiales es la persistencia de la temporalidad en el sector público, que se mantiene en el 28%. Esta tasa duplica la media del mercado laboral y vulnera el compromiso legal de reducirla al 8% antes de que finalice 2024, en línea con las exigencias de la Unión Europea.
La “parálisis” del Gobierno, derivada de la actual coyuntura política, ha obligado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado y ha retrasado la aprobación de la nueva oferta de empleo público.
Presión europea y demandas de los interinos
La situación de los interinos en España ha traspasado fronteras y ha llegado a las instituciones europeas. En marzo de 2025, una delegación de trabajadores interinos, respaldada por más de 500 personas afectadas, presentó una macrodemanda ante la Comisión Europea, denunciando el incumplimiento sistemático de la Directiva 1999/70/CE, diseñada para evitar el encadenamiento de contratos temporales.
Durante las reuniones mantenidas en el Parlamento Europeo, se reconoció la necesidad de estudiar la posibilidad de indemnizaciones para quienes han sufrido este abuso sostenido. Además, se presentará una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que podría reforzar esta estrategia a nivel continental.
A esto hay que sumar que, como publicó Diario16+ en exclusiva, el pasado 7 de abril de 2025, la plataforma PINDOC y el abogado Josep Jover presentaron una demanda pionera ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la Comisión Europea y el Estado español. La acción reclama 65.090 euros en concepto de responsabilidad extrapatrimonial por el “abuso de temporalidad” sufrido por una maestra de Educación Infantil que durante 18 años encadenó sustituciones sin que se le ofreciera estabilidad alguna. Esta demanda ya ha sido admitida a trámite y aumenta la presión sobre el gobierno para que inicie los procesos de fijeza en favor de los trabajadores públicos que son víctimas del abuso de temporalidad.
Desde la aprobación de la Directiva 1999/70/CE, España ha sido objeto de repetidas advertencias de Bruselas por no transponer eficazmente sus mandatos. En octubre de 2024, la Comisión Europea abrió un nuevo expediente sancionador contra España por el elevado uso de interinos en la Administración Pública, recordando que las medidas sancionadoras vigentes resultan insuficientes. Las cifras de temporalidad acorralan al gobierno y acercan cada vez más la aplicación de sanciones millonarias por incumplimiento de la normativa europea.
La tardanza española se plasmó finalmente en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que estableció procesos de estabilización extraordinarios para situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% antes de 2024. Sin embargo, las críticas se centraron en que esas medidas llegaron 22 años después de la Directiva y adolecen de mecanismos verdaderamente disuasorios. Además, como demuestran los datos de la EPA, no se está avanzando, lo que provocará que Bruselas actúe.
Los demandantes sostienen que tanto España como la Comisión Europea incurrieron en “negligencia grave” al no garantizar la estabilización de la demandante. Durante 18 años de servicios prestados mediante contratos temporales sucesivos, A.P.C. nunca obtuvo plaza fija ni indemnización, a pesar de cubrir puestos de carácter estructural.
La originalidad de la demanda radica en reclamar a la propia Unión Europea y no solo al Estado español. PINDOC argumenta que la Comisión, al mantener bloqueados durante 25 años los procedimientos de infracción y no exigir sanciones efectivas, ha incumplido su obligación de velar por el respeto de las Directivas que ella misma dicta. Ese “fallo institucional” justificaría la indemnización reclamada por la vía extracontractual.
CSIF advierte de posibles sanciones millonarias de la UE
Ya no son solo las organizaciones de interinos las que están presionando, lo que demuestra la gravedad de la situación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado recientemente sobre el riesgo de que la Unión Europea imponga una multa multimillonaria al Gobierno español debido a la persistente alta tasa de temporalidad en el empleo público. Según datos del Ministerio de Función Pública, al cierre de 2024, la temporalidad en el sector público se situaba en el 35,54%, muy lejos del objetivo del 8% comprometido con Bruselas en la Ley de Estabilización del Sector Público de 2021.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha señalado que la Unión Europea ya ha iniciado dos expedientes sancionadores contra España por este motivo, los cuales podrían culminar en sanciones económicas significativas. Además, el sindicato ha denunciado que más del 32% de las plazas convocadas para estabilización del empleo público aún no han sido cubiertas, y que casi la mitad de los ayuntamientos no han facilitado datos sobre sus procesos de estabilización, lo que dificulta una evaluación precisa de la situación.
“Si no se actúa con rapidez, podríamos encontrarnos con una administración incapaz de sostener los servicios que demanda la ciudadanía”, advierten desde CSIF.