El Proyecto de Ley aprobado el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, remedo del «Icetazo», además de propiciar un enfrentamiento entre los distintos tipos de empleados públicos, está muy lejos de solucionar el gran fraude creado y mantenido por la propia Administración durante décadas.
En realidad, se trata de un mero apaño, impuesto por Europa, al que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha tenido que someter para tener acceso a los fondos europeos. Esto demuestra que en España no hay una verdadera voluntad política de solucionar el abuso de la temporalidad y la interinidad que afecta a las Administraciones Públicas.
El texto aprobado en el Congreso, además de partir de una serie de premisas falsas, no conlleva una verdadera planificación en materia de personal, ni admite la situación de fraude de ley y abuso de la temporalidad (a la que se refirió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y a la que todas las administraciones han tenido sometidos durante décadas a más de un millón de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad.
Además, tal y como ya refirieron fuentes jurídicas a Diario16, esta ley va a crear una gran inseguridad jurídica, pendientes de posteriores desarrollos normativos y supondrá una nueva y evidente discriminación entre miles de trabajadores, cuya estabilidad y futuro va a depender de factores aleatorios.
Por otro lado, traerá aparejado un aumento significativo en el número de reclamaciones y demandas, marcando un nuevo récord en la judicialización de las relaciones laborales en las administraciones públicas.
El Proyecto de Ley aprobado por el Congreso de los Diputados es, además, prácticamente una copia del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, el «Icetazo», y en el que, pese a haberse introducido algunas mejoras en la fase de enmiendas, sigue sin reconocer la realidad de los más de un millón empleados públicos en situación de fraude de ley.
Por su parte, el sindicato USO, a través de su Federación de Atención a la Ciudadanía (FAC-USO) considera que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público constituye una farsa legal.
Se trata, en consecuencia, de una nueva oportunidad perdida para acabar definitivamente con la lacra del fraude de ley en la contratación en las administraciones públicas españolas que se solucionaría cambiando situaciones de abuso por un derecho tan esencial como es el derecho a la estabilidad en el empleo.