La Administración de Justicia es el mayor problema que tiene la democracia española. No es ni la amnistía, ni la corrupción, ni Pedro Sánchez, ni Isabel Díaz Ayuso, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. El gran problema de España está en los juzgados y en quienes, en teoría, están encargados de hacer justicia. Sin embargo, son ya demasiados los jueces que se han convertido en factorías de generar sentencias injustas.
Además de los temas relacionados con las grandes empresas, con los pilares del poder o con las clases privilegiadas, hay asuntos que afectan directamente a la vida de la ciudadanía que son el objetivo de unas injusticias aplicadas para hacer justicia a los intereses de los poderosos.
En la problemática de los interinos, trabajadores públicos en situación de fraude de ley, tal y como ha demostrado ya en multitud de ocasiones la Justicia de la Unión Europea, tampoco se está escapando de las factorías de injusticia.
Los magistrados del Tribunal Supremo han evidenciado una vez más en los últimos días su absoluta falta de imparcialidad e independencia al responder a los estímulos emanados de los partidos políticos en contra de la aplicación efectiva de la jurisprudencia comunitaria y del principio de supremacía del derecho de la UE.
Lo que la Sala de lo Social pretende al eludir su responsabilidad jurisprudencial y elevar nuevas cuestiones prejudiciales respecto a la aplicación de la sentencia del TJUE del pasado 22 de febrero es un intento desesperado de ganar tiempo, pese a la claridad de dicha sentencia.
De esta forma, el Supremo estaría dando un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de supuesta «estabilización» que se amparan en la Ley 20/2021 y que están basadas en una manipulación. En el preámbulo de esta ley del gobierno de coalición supuestamente progresista se afirma, sin ningún tipo de rubor, que «el TJUE comparte la postura [...] de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente». Sin embargo, según se puede demostrar en sus sentencias y autos, el TJUE nunca ha compartido esa postura en la que se fundamenta esa Ley. Más bien, es al contrario.
Según ha denunciado la Federación Sectorial estatal de Administración Pública de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) «resulta esperpéntico que esa Sala Cuarta del TS manifieste ahora tener dudas, cuando ha recibido la sentencia más clara y contundente que cabría imaginar, máxime cuando lleva lustros dando tremendos bandazos jurisprudenciales para no asumir la primacía del derecho europeo en este tema, llegando incluso a sentenciar durante años con una figura como la del ‘Indefinido No Fijo’ que es una invención propia que no se encuentra recogida ni prevista en ninguna norma de nuestro marco legal».
Tras la dureza de la sentencia del 22 de febrero, quien no debería tener dudas sobre cómo encajar en el marco normativo español la sentencia del TJUE, aunque sea más de 25 años después de la aprobación de la nunca completamente transpuesta Directiva 1999/70/CE, es a José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. A él debería corresponder liderar la solución legislativa definitiva a esta problemática. Sin embargo, para hacerlo hay que partir de una valentía que no se espera ni de este ministro ni de todo el gobierno de Pedro Sánchez.
Esta falta de valor se demuestra con la reacción del Ejecutivo supuestamente progresista ante las durísimas conclusiones del TJUE, ya que se consideró que la sentencia afecta solo a algunos casos concretos. En cambio, la realidad vuelve a desmentir a este gobierno de las buenas palabras y la carencia de hechos, puesto que el contenido de la decisión judicial, que es de obligado cumplimiento por los Estados miembros de la UE, afecta cerca de un millón de trabajadores que se encuentran en situación de abuso de temporalidad.
Para rematar la fiesta de «sujétame el cubata» del Tribunal Supremo, nos encontramos con la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, a diferencia de las dudas de la Sala de lo Social, parece no tener duda alguna y continua sin darse por aludida por las indicaciones jurisprudenciales que llegan desde Luxemburgo. En consecuencia, la más alta instancia de la Justicia española sigue ignorando sin ningún tipo de rubor lo expuesto en la reciente sentencia del TJUE. De hecho, dicha Sala sigue haciendo prevalecer sobre el derecho comunitario su peculiar jurisprudencia, que consiste en reconocer el abuso, en el mejor de los casos, pero no sancionarlo.
El gran problema está en que tanto jueces como los políticos, que integran un gobierno presuntamente progresista, manipulan el problema confundiendo de manera intencionada el acceso a la función pública con el efecto derivado del abuso de temporalidad. Hablar en este caso del acceso de trabajadores que accedieron a la función pública hace lustros, e incluso décadas, mediante procesos selectivos organizados por la propia administración, y que llevan prestando servicios durante todo ese tiempo les resulta obsceno.
Desde FETAP-CGT exigen al Gobierno que ejerza la potestad legislativa que le corresponde, transponiendo de una vez de forma completa la Directiva 1999/70/CE y asumiendo las consecuencias de la misma, negociando para ello con los afectados y afectadas del abuso.