La huelga de jueces y fiscales en España, convocada los días 1 a 3 de julio de 2025, estalló a raíz de las reformas del acceso a la carrera judicial y al estatuto del Ministerio Fiscal que incluyen la regularización obligatoria de jueces y fiscales sustitutos.
El primer día de la protesta, un 75% de jueces y fiscales secundó el paro, según las asociaciones convocantes. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, rebajó la participación al 30 %, calificando el paro de testimonial y negándose a retener salarios.
Oyendo las reclamaciones de sus representantes sindicales, el núcleo del conflicto radica en la convocatoria de 1.004 plazas (673 para jueces y 331 para fiscales sustitutos) a través de un proceso extraordinario de estabilización por concurso-oposición, una medida impuesta por la Unión Europea bajo amenaza de sanción por abusos en la temporalidad.
Asociaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales denunciaron que esta consolidación forzada atenta contra la independencia judicial y convierten a los interinos en chivos expiatorios de la dejadez del Estado en el cumplimiento de la directiva comunitaria sobre contratos de duración determinada.
Félix Bolaños llegó a admitir que esta regularización era una “obligación” ineludible: “La UE nos impone regularizar o arriesgarnos a sanciones”, como si el Derecho comunitario fuera un inspector cronometrando nuestra cita judicial. La Comisión Europea reabrió en octubre un expediente de infracción a España por el uso abusivo de contratos interinos en el sector público.
El PSOE presentó una enmienda para convertir en fijos a jueces y fiscales sustitutos, una iniciativa criticada tanto por asociaciones conservadoras como progresistas, que advierten de la desigualdad en la carrera judicial. Y eso a la "casta" de los "pata negra" les ofende, ya que nunca se han considerado servidores públicos, sino tenedores de un privilegio.
En Madrid, el ICAM reportó que el 48,8% de los 945 juicios programados fueron suspendidos en la primera jornada, dejando a litigantes atrapados en un limbo burocrático. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha habilitado un modelo de reclamación de responsabilidad patrimonial para indemnizar a quienes resulten afectados por las suspensiones.
La tensión se extiende a los tribunales de instancia recién creados, cuyo despliegue de 315 nuevos juzgados corre riesgo de paralizarse si continúa el conflicto.
Y es que cualquier jurista que cumpla los requisitos podrá presentarse a la oposición extraordinaria, algo que, según críticos, abarata el acceso, es decir, el negocio de los opositores que tienen montado algunos de los más altos magistrados, además de erosionar el mérito, algo que se otorgan entre ellos.
El Ministerio de Justicia asegura que el proceso estará resuelto antes de 2026, un calendario que pocos se atreven ya a creer tras años de aplazamientos e incumplimientos.
Mientras tanto, en redes y salas de descanso, los jueces sustitutos observan la batalla con cierta sorna, conscientes de que, según la jurisprudencia del TJUE, España deberá indemnizar cada demora en la aplicación del Derecho de la Unión. Fueron ellos, a través de Fruitós Richarte quienes empezaron la lucha allá por 2013.
Hay que tener muy clara una cosa: son ellos, los jueces, fiscales y magistrados "pata negra" quienes han hecho, por la via civil y por la criminal, que no se cumpliera el Derecho de la Unión. Unión Europea que valora al "servidor público" por encima del "hidalgo".