La Comisión Europea dio luz verde al desembolso del quinto tramo del fondo de recuperación a España, aunque ajustando la cuantía inicialmente prevista. De los 24.100 millones de euros solicitados, Bruselas ha recortado 1.100 millones, de modo que finalmente se transferirán 22.926 millones. Según el Gobierno, se trata “del mayor desembolso aprobado por la Comisión Europea a cualquier país”, de los cuales 6.991 millones corresponderán a ayudas directas y 15.935 a préstamos.
El descuento obedece al incumplimiento de tres hitos del plan de reformas: el impuesto sobre el diésel (460 M€), otro relacionado con la digitalización de entidades locales y regionales (40 M€) y, sobre todo, las medidas para reducir la temporalidad en el sector público (627 M€). Este último punto, que formaba parte del primer desembolso aprobado en diciembre de 2021, ha sido revisado a raíz de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que concluyeron que las medidas españolas resultan insuficientes para atajar los “abusos” de contratación interina.
La normativa del fondo permite a la CE descontar de futuros pagos compromisos que, una vez aprobados, se consideren revertidos o incumplidos. Así, España se enfrenta a la posibilidad de nuevas retenciones si no adapta su legislación laboral para sancionar eficazmente la prolongación injustificada de contratos temporales en la Administración. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Gobierno trabaja de la mano de Bruselas en una reforma de la Ley de Función Pública y otras normas para “ajustar las indemnizaciones” y espera tener la solución lista en “los próximos seis meses”.
Pese a estos ajustes, la Comisión ha validado 82 de los 84 compromisos condicionantes, vinculados a 20 reformas y 49 inversiones en áreas clave: transición ecológica y digital, biodiversidad, movilidad sostenible, formación profesional, turismo sostenible, gestión del agua y eficiencia judicial. Además, en este quinto pago se incluirán los 139 millones suspendidos en el cuarto desembolso por la digitalización de pymes, tras considerar que finalmente se ha cumplido el hito.
El desembolso debe ahora pasar el trámite final de aprobación por parte del resto de Estados miembros, que disponen de un mes para evaluar el cumplimiento de todos los hitos. Si reciben el visto bueno, los casi 23.000 millones llegarán a España antes de agosto, permitiendo impulsar la ejecución de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional.
La presión se centra ahora en cerrar el nuevo acuerdo con Bruselas sobre la temporalidad en la función pública. España deberá demostrar que sus reformas no solo se adecuan a las exigencias del Tribunal de Justicia, sino que garantizan una reducción real y sostenible de la interinidad, evitando sanciones adicionales y asegurando el acceso pleno a los fondos pendientes.
El principal escollo que ha llevado a la Comisión Europea a retener 627 millones de euros del quinto desembolso es la persistente alta tasa de temporalidad en el empleo público español. España arrastra desde hace años un problema crónico: en torno al 30% de la plantilla de las administraciones (más de 500.000 personas) ocupa plazas de interinidad, a menudo con contratos sucesivos que prolongan su situación provisional durante lustros.
Las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas el pasado año han resultado determinantes. En ellas, la Justicia europea concluyó que las reformas implementadas por España no son “efectivas” para sancionar los abusos derivados de las prolongadas contrataciones temporales. Los magistrados europeos pusieron el foco en la insuficiente penalización a las administraciones que renuevan de forma abusiva los nombramientos de interinos, denunciando un “vacío legal” en la regulación de las indemnizaciones por finalización de contrato.
Según el fallo del TJUE, España estableció un tope excesivo en las indemnizaciones de los interinos, permitiendo a las administraciones vulnerar de facto el límite temporal legal y el derecho comunitario, que exige plazos claros para convocar las plazas en propiedad. Bruselas, amparándose en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha aplicado ahora una cláusula de reversión de hitos: cualquier compromiso aprobado que posteriormente se considere incumplido puede ser objeto de descuento en pagos futuros.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encabezado por Carlos Cuerpo, ha reconocido el problema y se ha comprometido a reformar con urgencia la Ley de Función Pública. El objetivo es dos veces doble: por un lado, fijar límites voluntarios vinculantes a las indemnizaciones por finalización de contratos temporales (reduciendo los “teóricos” 20 días por año trabajado a un baremo más estricto); por otro, endurecer las sanciones administrativas a las unidades que prolonguen indebidamente la interinidad. El calendario que maneja el Ejecutivo sitúa estas modificaciones en el Consejo de Ministros antes de finales de año, para su convalidación parlamentaria en la primera mitad de 2025.
De fondo subyace el impacto que este incumplimiento puede tener en el conjunto de los fondos europeos. Si España no soluciona la laguna legal señalada por el TJUE, no sólo perdería el importe retenido en esta ocasión, sino que podría ver condicionadas futuras transferencias vinculadas a otros compromisos. El riesgo es especialmente crítico en proyectos de modernización digital y transición ecológica que dependen de la financiación comunitaria.
Bruselas, por su parte, ha enviado ya un equipo técnico a Madrid para supervisar la elaboración de los anteproyectos de ley y verificar que incorporan mecanismos efectivos de control y sanción. Un portavoz de la Comisión insistió en que “la reducción de la temporalidad no es solo una exigencia formal del reglamento, sino un pilar de la calidad del empleo público y de la igualdad de oportunidades en la Administración”.
La esfera política española observa con atención este pulso legal y presupuestario: el éxito o fracaso de la reforma de la Función Pública marcará no solo el acceso íntegro a los casi 627 millones retenidos, sino el ritmo de despliegue de los fondos pendientes, cuyo impacto se dejará sentir en los próximos años en hospitales, escuelas y redes de transporte sostenibles de todo el país.
En consecuencia, Pedro Sánchez tiene 6 meses para dar la única solución posible con la que contentar a la Comisión Europea: dar la fijeza. Se acabaron las excusas, se terminaron los parches normativos. La fijeza está justificada por las sentencias de la UE, está confirmada dentro de la doctrina constitucional española. Ahora ha sido la retención de más de la mitad del dinero retenido, pero lo siguiente puede ser una multa millonaria si los expedientes de incumplimiento son aplicados. No hay más salida. Europa vuelve a salvar a los ciudadanos de los políticos, los jueces y una ley española que está diseñada para favorecer a los poderosos.