La dana está poniendo a prueba la capacidad de gestión de las diferentes administraciones, tanto la estatal, como la autonómica y la municipal. Y el ciudadano está pudiendo juzgar, en tiempo real y como si tuviese en sus manos tres cámaras de vídeo distintas para grabar y comparar, cómo está siendo la eficacia, la competencia y la capacidad de organización de sus gobernantes e instituciones. El demagógico mensaje de que solo el poble salva al poble, difundido por la extrema derecha y sus terminales mediáticas, ha calado en la población y pocos son los políticos que van a aprobar o a salir airosos de esta tragedia cósmica. Y sin embargo, si vamos al detalle y dejamos atrás la brocha gorda y el trazo grueso, podremos concluir que la respuesta está siendo acorde a la ideología del organismo público que tiene que tomar decisiones sobre el terreno devastado por la riada. Toca confrontar el modelo de lo público que propone la izquierda (intervencionista) con el privado ofrecido por la derecha (ultraliberal). Juzguen ustedes mismos.
La cuestión de la prevención no ofrece lugar a dudas: la Generalitat Valenciana, y en concreto su presidente, Carlos Mazón, suspende estrepitosamente. Y no solo porque el honorable estuvo toda la tarde de comida privada, lejos del puesto de mando del CECOPI y sin apretar el botón de la alerta roja que podría haber salvado muchas vidas, sino porque en los últimos años no ha invertido apenas recursos para mejorar los protocolos de actuación. Si a esto unimos que el proyecto de Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) impulsado por el anterior presidente, Ximo Puig, fue metido en un cajón por el propio Mazón, que lo calificó de “chiringuito socialista”, no será necesario seguir profundizando en el análisis sobre la materia preventiva, abandonada a su suerte tal como corresponde a un Ejecutivo autonómico, el valenciano, que sigue el manual ultraliberal y siente alergia y urticaria a todo lo que suponga inversión en lo público. Baste otro dato: el servicio de emergencias 112 está bajo mínimos, con recortes en personal y sometido al convenio de telemarketing, lo que lo degrada todavía más, según los sindicatos. Así no extraña que el teléfono se colapsara en medio del aluvión de miles de llamadas de personas con el agua al cuello pidiendo socorro. El Consell es responsable de la pérdida de vidas humanas por imprevisión y negligencia en los avisos y alertas y tendrá que ser la Justicia la que dirima responsabilidades. Escatimar, ahorrar, recortar y seguir políticas austericidas tiene un precio elevado en fallecidos. Esa portada del diario Libération lo dice todo: muertos evitables. En este punto solo cabe añadir que algunos alcaldes, tanto del PP como del PSOE, sí activaron la alerta cuando tocaba, salvando numerosas vidas.
En el capítulo de actuación o intervención, tanto el Gobierno central como el autonómico se reparten sus propias culpas, ya que la reacción fue lenta y escasa. Pero aquí, una vez más, la peor parte se la sigue llevando Mazón, que no supo reclamarle a Pedro Sánchez los recursos y medios humanos y materiales necesarios para afrontar la catástrofe humanitaria sin precedentes. De hecho, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, le ofreció en varias ocasiones la ayuda del Estado, ya el mismo día de la riada, y él la rechazó. El honorable no acertó a calibrar la dimensión de la calamidad y creyó que la Generalitat podía bastarse y sobrarse por sí sola para atender a todos los servicios. Quiso colgarse la medalla para salir de la crisis como gran barón del PP con capacidad para disputarle el poder a Ayuso, y pagó su arrogancia. Hasta el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, ha reconocido que los soldados no pueden entrar en zona catastrófica sin recibir el permiso de la autoridad, en este caso la Generalitat Valenciana. Es evidente que en los primeros días, con sus correspondientes noches, miles de vecinos de los pueblos de l’Horta Sud quedaron sin comida, sin agua y sin suministro eléctrico. El Ejército tardó en llevar víveres a los afectados, alimentos y bebida que pudieron suministrarse desde el aire, mediante el envío de helicópteros, si es que los camiones no podían circular porque numerosas carreteras estaban cortadas, aislándose la zona cero. Así que ahí punto negativo para el Gobierno socialista. En el capítulo de actuación es evidente que hay empate en negligencias y errores compartidos por ambas administraciones.
Y llegamos a la última fase de la crisis: la coordinación y eficacia en las tareas de limpieza, reconstrucción y ayudas a los damnificados. Aquí el modelo intervencionista/socialdemócrata de gestión da un auténtico baño en efectividad al ultraliberal. En cuanto a la coordinación, el Gobierno de la Generalitat no solo ha sido un desastre con los voluntarios, miles de personas que acudieron a ayudar desde el primer momento. Los ejemplos de incapacidad son incontables: desde el caso de las personas dispuestas a ayudar con sus manos que fueron enviadas de vuelta a casa como si molestaran (además de autobuses con decenas de voluntarios trasladados al centro comercial Bonaire en lugar de a las localidades cubiertas por el barro) hasta los bomberos de otras comunidades autónomas, incluso franceses, a los que no se les permitió el paso durante horas. Está claro que el Consell no supo organizar al ejército de voluntarios. A día de hoy, toneladas de comida, agua, medicamentos y ropa (fruto de la solidaridad del resto de España y del mundo) siguen amontonadas en las zonas afectadas porque la Generalitat no sabe cómo repartirlas. El Govern del PP ha quedado desbordado por la imprevisión, una vez más porque no cree en lo público. El modelo privado, en estos casos de grandes catástrofes, se revela inútil, no llega al ciudadano necesitado, ya que ningún empresario está dispuesto a perder dinero de forma altruista y sin recibir nada a cambio.
En cuanto a las tareas de reconstrucción, no hay color. El modelo intervencionista socialdemócrata llega mucho más lejos en cobertura, escudo social y prestaciones que el ultraliberal. Los 200 millones en ayudas directas movilizados por la Generalitat del PP se antojan ridículos al lado de los 10.600 millones aprobados la semana pasada por el Gobierno Sánchez, más un segundo paquete anunciado ayer mismo por el presidente socialista que eleva el total a 14.373 millones de euros, todo ese ingente presupuesto destinado a mitigar los efectos de la catástrofe y a ayudar en la reconstrucción de las áreas afectadas. Es cierto que la administración local no dispone del potencial del Estado central, pero que una autonomía con un presupuesto de más de 30.000 millones destine solo 200 a la reconstrucción es toda una declaración de intenciones y poco menos que un sarcasmo. Por destrucción total de la vivienda habitual el Gobierno Sánchez dará 60.480 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual 41.280; por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual 20.640; por destrucción o daños en los enseres domésticos como muebles y otros 10.320; y por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal 36.896 euros. La derecha ofrece mucho patriotismo del que no se come cuando la casa se la lleva el agua.
A estas ayudas nunca antes vistas, sin burocracia y en tiempo récord, se añaden las medidas para proteger a los trabajadores. Yolanda Díaz ha anunciado una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, derecho a reducir hasta el cien por cien de la jornada por cuidados y la prohibición de despedir que pesa sobre los empresarios que tengan la tentación de hacer limpieza de plantillas (bajo amenaza de graves sanciones). Lógicamente, estas ideas han enervado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha asegurado que no entiende la medida, ya aprobada, sobre permisos retribuidos, ni que plantee “escudos sociales a costa de empresas arruinadas”. De esta forma, ha acusado a Yolanda Díaz de utilizar la catástrofe de la dana para “hacer política”. Ejemplo paradigmático de buena gestión intervencionista son los ERTE, que durante la pandemia lograron salvar miles de puestos de trabajo. ¿Qué habría sido del país con Pablo Casado gobernando en medio del coronavirus? Probablemente nunca se habría decretado el confinamiento y la actividad laboral no se habría paralizado, ya que al liberal le importa más el PIB que la vida humana. El manual intervencionista aconseja proteger a los trabajadores mientras que el liberal resulta implacable con ellos, como viene a demostrarlo un dato: la mayoría de las personas fallecidas en la dana de Valencia eran asalariados que volvían de sus puestos de trabajo, gente a la que la patronal obligó a rendir a tope la fatídica tarde del 29-O y se vio sorprendida por la avalancha descomunal. Pudieron enviarlos a casa para protegerlos, pero la derecha empresarial les ordenó seguir al pie del cañón.
Por último, quedan las infraestructuras seriamente dañadas por la riada. Óscar Puente ha dado cuenta diaria de los trabajos de reconstrucción. En Cercanías, “los daños en la línea C3 son muy serios. En la C1 y en la C2 hay aprovechable un tramo importante. Vamos a poner en funcionamiento estas dos líneas en esos tramos, y desde ahí meteremos 60 autocares para conectar a través de ellos el centro de Valencia”, asegura el ministro. Antes de Navidad estarán restauradas la C1 y la C2 y listas la C5 y la C6. En cuanto a la C3, se abrirá el tramo hasta Aldaia. “Desde ahí hasta el final habrá que emplear meses en la reconstrucción”, añade Puente. Sobre el estado de las carreteras, “en un período de tiempo muy corto la situación de las grandes infraestructuras estará normalizada, pero las de comunicación interior va a tardar bastante. Ahí todo está muy mal. Se lo he trasladado a Mazón y al conseller. Hay que agilizar los procesos de contratación, y que se aplique la ley de contratos de emergencia”, apostilla el titular de Transportes.
“En la A-7 estamos donde estamos, construyendo el bypass (…) Como muy tarde, de madrugada, abriremos la N-330. En cuanto a la A-3, hacia el sur está cerrada por un viaducto que colapsó. Hemos tratado de construir un camino alternativo que estamos ya asfaltando. En ese pequeño trozo, de unos 200 o 300 metros, la velocidad estará limitada a 50 kilómetros por hora (…) Quedaría la 322, que está mal. Tratamos, además, de reconstruir otra zona en la que ha caído un puente. Todo lo que es responsabilidad del Gobierno estará operativo esta semana. Hay mucho que arreglar. Baches, desperfectos. No impiden la circulación, pero no están en las condiciones óptimas. La tarea más grande es el viaducto de la A-7. Hay que reconstruirlo, pero va a llevar meses”, ha comentado el ministro. Todas estas obras requerirán de ingentes cantidades de dinero, pero se está trabajando para recuperar toda la red viaria también en tiempo récord. En cuanto a las carreteras de la red autonómica, poco o nada se sabe y la sensación que se transmite es que no hay demasiadas obras en ejecución.
No, no es lo mismo el modelo socialdemócrata intervencionista, que trata de preservar lo poco que va quedando ya de Estado de bienestar, que el ultraliberal, que privatiza a destajo o desmantela descarnadamente los servicios públicos porque no cree en lo común ni en la única forma de sostener una sociedad avanzada: el pago de impuestos que muchos gurús de la derecha denostan sin sonrojo.