La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno en materia habitacional: la nueva empresa pública de vivienda y suelo licitará en el primer trimestre del año la construcción de 1.600 viviendas públicas con protección permanente. Este movimiento, que afecta a comunidades como Valencia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, se presenta como el gran paso del Ejecutivo para generar nuevos barrios y acercar a España a la media europea de vivienda social.
Rodríguez ha sido tajante: "Hace falta menos Airbnb y más vivienda". Con esta frase, la ministra ha puesto el foco en la proliferación de alojamientos turísticos, a los que culpa de empeorar el acceso a la vivienda digna. En su opinión, en las zonas más afectadas deberían prohibirse "sin ninguna duda". Según Rodríguez, "hay un gran consenso social" para limitar estas plataformas que disparan los precios del alquiler.
Incremento del 35% en vivienda social
En los últimos cinco años, España ha incrementado su parque de vivienda social del 2,5% al 3,4%, lo que se traduce en 162.000 viviendas protegidas más, un aumento del 35%. “Esta crisis requiere valentía y determinación para afrontarla. Este Gobierno apuesta por una política de vivienda ambiciosa e integral, aprendiendo de quienes lo hicieron bien en Europa y situando la vivienda en el centro de su acción”, ha remarcado Rodríguez.
Este aumento se alinea con el objetivo gubernamental de alcanzar un parque público de vivienda que represente el 9% del total, una cifra que aún parece lejana, pero hacia la que se avanza con medidas como la recién anunciada licitación.
Sistema público de garantías y Ley del Suelo
Además de las nuevas construcciones, la ministra ha adelantado la puesta en marcha de un sistema público de garantías para proteger tanto a inquilinos como a propietarios. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Rodríguez también ha instado a los partidos políticos a alcanzar "grandes consensos" para abordar lo que considera el mayor problema social del país. En este contexto, ha destacado la inminente toma en consideración en el Congreso de la reforma de la Ley del Suelo, que permitiría agilizar la construcción de viviendas y garantizar la seguridad jurídica en el sector. “La Ley del Suelo es una oportunidad para que el PP demuestre si está dispuesto a dejar de boicotear soluciones para la ciudadanía”, ha lanzado.
Regulación del alquiler de corta duración
Otro de los puntos clave de su intervención ha sido la regulación del alquiler de corta duración. La ventanilla única para este tipo de alquileres, que entró en vigor a principios de año, ya ha registrado más de 4.000 viviendas 100 % legales. Esta herramienta, según Rodríguez, garantiza transparencia, mejora la gestión y combate el fraude.
Se prevé una campaña informativa para reforzar el conocimiento de esta plataforma, que deberá ser plenamente operativa antes del verano. La ministra ha insistido en que "la regulación del alquiler turístico es esencial para equilibrar el mercado y evitar que el acceso a la vivienda siga siendo un lujo inalcanzable para muchos".
Una tregua política para un problema social
Rodríguez ha pedido una “tregua de Estado” al Partido Popular y a otras formaciones políticas para abordar conjuntamente la crisis habitacional. "El acceso a una vivienda digna no puede ser rehén de disputas partidistas", ha declarado. La ministra ha subrayado que, tras Cataluña y País Vasco, otras comunidades como Galicia, Canarias o Asturias también contemplan declarar zonas tensionadas en el mercado del alquiler, lo que demuestra el alcance nacional del problema.
Con la licitación de 1.600 nuevas viviendas y el impulso de la Ley del Suelo, Isabel Rodríguez busca posicionar al Gobierno como el actor clave en la transformación del mercado inmobiliario español. "Esta es una oportunidad histórica para garantizar hogares dignos para todos y todas", ha concluido.