Cinco asociaciones profesionales de jueces y fiscales, las de perfil conservador e independiente, han convocado un paro institucional de diez minutos este miércoles, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales de toda España. El objetivo: manifestar su oposición frontal a dos proyectos legislativos promovidos por el Gobierno que, en su opinión, socavan la independencia judicial y desnaturalizan la configuración orgánica del Ministerio Fiscal.
La protesta ha sido impulsada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas ellas reclaman la retirada inmediata de las dos iniciativas legislativas: el proyecto de ley que reforma el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Las asociaciones denuncian que la modificación del acceso profesional, cuya tramitación está ya en curso, introduce criterios ajenos a los principios de mérito y capacidad, en contravención del artículo 103 de la Constitución Española, y que politiza el proceso de selección mediante fórmulas poco transparentes y escasamente objetivables. Asimismo, consideran que estas medidas no obedecen a una necesidad social real ni resuelven los graves problemas estructurales del sistema judicial, como la sobrecarga de trabajo, la carencia de medios personales y materiales o la lentitud procesal.
En lo relativo a la reforma del EOMF, las asociaciones critican que el texto otorga al fiscal general del Estado atribuciones reforzadas sin establecer contrapesos ni garantías internas suficientes. En consecuencia, alertan del riesgo de injerencia política en las investigaciones penales, máxime si se les atribuye la dirección exclusiva de las diligencias de instrucción, como prevé el nuevo modelo procesal. A su juicio, el texto constituye una “ocasión perdida” para dotar a la Fiscalía de auténtica autonomía funcional, conforme al estándar exigido por el Consejo de Europa y otros organismos internacionales.
Ministerio de Justicia
El pasado 4 de junio, representantes de las asociaciones convocantes se reunieron con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con portavoces de las asociaciones progresistas, que no se han sumado a la convocatoria. Según los primeros, el encuentro fue infructuoso: el Gobierno reiteró su negativa a retirar los proyectos y mostró escasa disposición al diálogo sustantivo.
“Nos invitan a participar en un proceso cerrado y unilateral. No vamos a contribuir a una ficción de consenso donde nuestras objeciones se desatienden de plano”, lamentaron las asociaciones en un comunicado posterior. No obstante, afirmaron que seguirán asistiendo a las reuniones convocadas por el Ministerio, siempre que estas tengan por objeto la elaboración de un auténtico estatuto profesional, basado en la independencia, imparcialidad y responsabilidad de jueces y fiscales.
Por su parte, fuentes del Ministerio calificaron el encuentro de “respetuoso y constructivo” y defendieron que la reforma es imprescindible para modernizar el acceso a las carreras, garantizar la igualdad de oportunidades mediante becas, y estabilizar la situación de los jueces y fiscales sustitutos, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Nuevas movilizaciones y riesgo de judicialización
Al margen de las asociaciones profesionales, ha surgido un movimiento autónomo denominado Unión de Fiscales y Jueces, que ha promovido un manifiesto a favor de una huelga general del sector, y que ya cuenta con más de mil adhesiones en apenas tres días. El grupo, integrado principalmente por miembros de las últimas promociones, canaliza un malestar creciente frente a unas reformas que consideran lesivas para la dignidad profesional y el estatuto constitucional del Poder Judicial.
Además, varias asociaciones de jueces y fiscales sustitutos han advertido que el nuevo sistema de estabilización vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso en la temporalidad. De seguir adelante el procedimiento, han anunciado que lo impugnarán judicialmente por contravenir el principio de igualdad de trato y por no reconocer adecuadamente los derechos adquiridos durante años de ejercicio profesional en condiciones de interinidad.
Si bien el malestar de los convocantes ha encontrado eco entre ciertos sectores judiciales, otras voces dentro y fuera de la carrera advierten de los riesgos que entraña esta movilización corporativa, especialmente en un contexto de reformas estructurales que buscan mejorar el acceso, la transparencia y la democratización del sistema.
Desde el Ministerio se ha acusado a las asociaciones de inflamar el discurso con argumentos alarmistas, de construir un relato “sin rigor” y de “difundir bulos” sobre el contenido de las reformas. Se les reprocha, además, una actitud inmovilista, más centrada en preservar los privilegios del actual modelo que en corregir sus deficiencias. “No puede ser que toda propuesta de modernización sea automáticamente tachada de ataque a la independencia judicial”, indican fuentes próximas al Ejecutivo.
También desde ámbitos académicos y del propio sector jurídico se critica que una parte de la judicatura actúe como un bloque de presión político-corporativo, resistiéndose a cualquier cambio que afecte al statu quo. Especialmente grave resulta, según algunas voces, que se invoque la independencia judicial como escudo ante medidas que buscan ampliar el acceso en condiciones de igualdad, combatir la temporalidad o reforzar el papel del Ministerio Fiscal, una institución a la que la Constitución atribuye funciones fundamentales de legalidad y defensa del interés público.
Por último, se ha cuestionado la legitimidad de un paro que, aunque simbólico, representa una forma de presión de quienes, por su función jurisdiccional, están llamados a la neutralidad institucional, especialmente cuando lo que se discute pertenece al ámbito legítimo de la actuación legislativa y al juego democrático de mayorías parlamentarias.