El Consejo General del Poder Judicial ha decidido tomar cartas en el asunto de los jueces que hacen declaraciones públicas criticando, incluso hasta llegar al insulto, a los políticos. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vocales del órgano de gobierno fue el calificativo utilizado por el titular mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, llamando a la mujer de Pedro Sánchez “barbigoña” alegando, posteriormente, que formó parte de una inocentada. Y no se puede tomar como tal ya que este magistrado fue objeto de otro expediente por llamar al presidente “psicópata”. En idéntica situación ha quedado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por decir que a él no le puede dar lecciones Irene Montero, “una cajera de Mercadona”. En esta ocasión el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, va a ser mucho más contundente que en febrero del año pasado cuando decidió archivar la diligencia informativa que se había abierto a Ruiz de Lara ante la imposibilidad de verificar que los mensajes que se le atribuyen fueran tales, puesto que la cuenta había sido eliminada.
Eloy Velasco deslegitimó públicamente al gobierno progresista por considerarlo “un ejecutivo de perdedores”, advirtiendo a la exministra de Igualdad, y hoy eurodiputada, Irene Montero, que deje de dar clases de consentimiento sexual “desde su cajero de Mercadona”. Velasco está destinado en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Con anterioridad estuvo adscrito al juzgado número 6 hasta que lo reclamó su titular, Manuel García Castellón. Se le considera próximo al Partido Popular siendo alto cargo del ministerio de Justicia durante el mandato de José María Aznar. Lo más probable es que su expediente acabe con la imposición de una sanción económica. Los vocales conservadores del CGPJ se emplearán a fondo para que la cosa no vaya a mayores.
El caso de Ruiz de Lara es diferente. Juez controvertido, es famoso su auto en el que respaldó la llamada “superliga”, el proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Portavoz de una plataforma por la independencia judicial, se prodiga en redes sociales y artículos de prensa en los que califica de “trepas” a miembros del Gobierno mientras muestra sus simpatías a Vox. En esos artículos se declara partidario de cambiar la designación de los vocales del CGPJ por elección directa de los miembros de la carrera judicial. Por lo tanto, es muy probable que no haga caso de la sanción que recaiga ya que no reconoce la autoridad del actual órgano de gobierno que califica de “sistema presidencialista”.
Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, (APM), niega tener un especial vínculo con Vox a pesar de que muestra públicamente su simpatía hacia la formación de extrema derecha, y defiende su derecho como ciudadano a expresar sus opiniones y a advertir a los ciudadanos de los “riesgos” de que “gobiernos de izquierda y de derecha metan sus manos en el poder judicial”. Este juez insiste en que él diferencia su “vida privada”, y su condición de ciudadano con derecho a expresarse libremente, y su profesión en el juzgado. Vamos a comprobar, en las próximas semanas, si sus superiores están de acuerdo con este criterio.
El CGPJ actúa en materia disciplinaria con mucha precaución. El juez que llevó el caso de Juana Rivas, Manuel Piñar, se jubiló anticipadamente, dice que presionado por el Consejo. Puede ser si se tiene en cuenta que el magistrado va a ser objeto de imputación por un delito de odio en el juzgado número 8 de Granada. La denuncia original tiene fecha de septiembre de 2022, cuando Carlos Aránguez Sánchez, abogado de Juana Rivas, y la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, denunciaron la publicación, en el muro de Facebook del juez, “de manifestaciones, en condiciones de suficiente trascendencia y proyección pública, de contenido o alcance presuntamente despectivo hacia colectivos de migrantes o minorías étnicas”. Presentaron 11 pantallazos de publicaciones de Piñar fechadas entre enero y agosto de 2022. El instructor ha convertido la pieza en procedimiento abreviado. Ha ordenado a las partes que presenten escritos y, cuando haya concluido este trámite dará traslado a la Audiencia Provincial. Entonces, Piñar se sentará en el banquillo para responder de un delito de odio. Y el CGPJ quiere evitar la publicidad de este tipo de causas. De ahí que no se haya descartado la “sugerencia” de una retirada a tiempo. Piñar pidió una compensación económica que le ha sido denegada.
El caso de Coro Cillán no es habitual. Apartada de la carrera judicial acusada de haber favorecido a un amigo, intenta jugar el papel de víctima señalando que todo es falso y que ha sido expulsada por una demanda que presentó contra el excomisario de policía José Manuel Villarejo, en 2015, por los delitos de usurpación, tráfico de influencias y cohecho tras la publicación de unas grabaciones en las que, aparentemente, maniobra para acabar con su carrera porque está bloqueando la “Operación Cataluña”.
Diez meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la condenó a 15 años de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación. Según sus superiores, ordenó la clausura de una discoteca para favorecer a un amigo con el que mantenía “relaciones íntimas”. Nunca se llegó a aclarar lo que había detrás de este asunto si es que hubo algo. Pero Cillán está apartada de la magistratura, internada en una clínica y, según dicen, en una situación económica precaria.
No es el caso de su compañero el juez Elpidio Silva, condenado a 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación por haber ordenado el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La trayectoria personal del juez Silva deja mucho que desear. En 2009 fue condenado en rebeldía por no pagar el alquiler de su casa. Un juez le obligó a abonar 7.115 euros por las rentas que debía. Ahora ejerce como abogado manteniendo relaciones con organizaciones de extrema derecha como es Manos Limpias.
Hay muchos más casos de jueces que han sido apartados de la carrera. Fernando Presencia está encarcelado acusado de pertenencia a organización criminal. Y uno del que apenas se ha hablado, el que fue el último presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, fue denunciado por una registradora de la propiedad “por aprovecharse de su cargo” y vulnerar la ley de protección de datos. A Guilarte, catedrático de derecho administrativo y jefe de los servicios jurídicos del colegio de Registradores de la Propiedad, no se le ocurrió otra cosa que enviar al fiscal los expedientes de 20 jueces que habían sido sancionados.
Esta profesión exige el respeto a unos principios éticos que deben superar a los de cualquier ciudadano. De las decisiones judiciales dependen muchas cosas: desde la libertad, hasta la situación económica. No es para tomárselo a broma. Pero parece que, últimamente, estos funcionarios públicos que cobran gracias al dinero de los impuestos de todos los españoles, se toman sus actuaciones con bastante ligereza. El Consejo General del Poder Judicial debe actuar contra los que critican, hasta llegar al insulto, a miembros relacionados con otros poderes del Estado porque con sus opiniones están vulnerando el estado de derecho.