“La asociación Hazte Oír ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que reclame a Begoña Gómez las cuentas bancarias de las que es titular en España y el extranjero”, aseguraba Libertad Digital el pasado mes de junio. Desde entonces, y han pasado ya dos meses, nada más se supo de ese titular, que puso en marcha el ventilador pero que de momento no se ha confirmado.
¿Hay cuentas de la primera dama? Esa es la gran pregunta que podría ser un antes y un después en este caso. En España se supone que sí, todos tenemos al menos una cuenta, y Gómez no podría ser menos. Pero, ¿y fuera de nuestro país? De confirmarse este dato estaríamos ante un asunto muy grave que pondría en jaque no solo a la esposa del presidente, también a Pedro Sánchez. Nadie tiene dinero fuera de nuestras fronteras si no es para escamotear impuestos. Para eso están Andorra, Panamá, Suiza... Los paraísos fiscales habituales tan presentes en los casos de corrupción política. Sin embargo, y aunque hasta la fecha no hay ni un solo dato o indicio que permita afirmar que la inquilina de Moncloa esté evadiendo al fisco, la prensa de la caverna ya da por hecho que Gómez tiene cuentas por ahí, más allá de los Pirineos o al otro lado del Atlántico.
Estamos, sin duda, ante una praxis periodística de dudosa profesionalidad. El día que la UCO le saque a la cónyuge presidencial una empresa tapadera u offshore o una caja de seguridad a buen recaudo en un banco internacional, podría hablarse de este asunto. Pero lanzar especulaciones y conjeturas no puede más que considerarse un bulo en toda regla, uno más de los muchos que han rodeado a la esposa del jefe del Ejecutivo.
No, no hay cuentas ilícitas ni dinero en B a nombre de Begoña Gómez en el extranjero, al menos hasta donde se sabe. Y si lo hubiese, ya se habría publicado porque cada paso que da el juez Peinado termina filtrándose, inevitablemente, a los abogados de Vox. De hecho, es cuestión de tiempo que salga a la luz pública el vídeo de Pedro Sánchez negándose a declarar, en Moncloa, ante el magistrado, que se desplazó hasta la residencia gubernamental para interrogarlo sobre los negocios de su esposa.
Hasta la fecha Peinado ha encontrado escasos indicios de corrupción en la familia Sánchez/Gómez. El delito de tráfico de influencias es difícil de probar y solo la constatación de que la primera dama puso el cazo, es decir, obtuvo un enriquecimiento patrimonial injustificado podría llevarla al banquillo de los acusados por graves delitos contra la Administración. De momento, no es el caso. El tiempo va pasando y Peinado sigue sin encontrar nada sólido que llevarse a la boca, síntoma claro de que abrió un sumario con fines prospectivos para ver si encontraba algo contra Begoña Gómez (una práctica judicial prohibida por ley).
De momento, Hazte Oír, personada como acusación popular en la causa que investiga a la cónyuge del líder socialista por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares, ha presentado una nueva ampliación de querella aportando nuevos datos sobre la causa y solicitando nuevas diligencias, añade Libertad Digital. Este medio cita a fuentes del caso que afirman que “esta acusación popular ha solicitado al juez instructor que lleve a cabo nuevas actuaciones de diferente índole vinculadas a elementos de la causa que guardan relación con diversas etapas de la vida profesional de la querellada: por un lado, su vínculo con el Grupo Inmark y por otro, el vínculo con OMT-Barrabés-IE-Globalia a partir del año 2018”.
“Entre otras actuaciones, se han solicitado todas las cuentas bancarias de las que la investigada sea titular tanto en España como en el extranjero junto con los movimientos de dichas cuentas bancarias entre mayo de 2018 a mayo de 2024”, añaden. Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que “en esta nueva ampliación esta acusación ha dado traslado al juez instructor de detallada información relacionada con Begoña Gómez y el Grupo Inmark, mercantil sobre la que ya trasladó la asociación informaciones en la querella inicial”.
El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la investigación a la esposa del presidente del Gobierno por su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, ha tomado declaración en calidad de testigos a los partrocinadores del curso académico (entre ellos un directivo de Fundación Caixa). También ha registrado el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los supuestos agraciados por el máster. “Visto que el estado de salud del testigo no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas integras para contestar a las preguntas que se le formulen y teniendo en cuenta que no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo si es que llega a darse, se acuerda recibirle declaración con carácter de prueba preconstituida” justificó el juez. Todas estas gestiones no han aportado nada importante hasta la fecha.
El juez Peinado pretende esclarecer el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva y averiguar por qué la mujer de Pedro Sánchez registró a su nombre la plataforma de sostenibilidad desarrollada para la Universidad Complutense por Telefónica, Indra y Google, que se finalizó con un contrato público de 60.000 euros. Hasta el día de hoy no hay cuentas en el extranjero, no hay mordidas, no hay comisiones, no hay nada de nada. ¿Dónde está la corrupción, señoría?