El juez Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está presionando a la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para que emita un informe contra la primera dama sobre la supuesta apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense de Madrid. En realidad, esta unidad policial ya ha remitidos dos informes en los que no ha apreciado nada raro contra la mujer de Pedro Sánchez, es decir, ya la ha exculpado dos veces.
El magistrado pretende que los guardias civiles digan que ha habido apropiación del citado software, además de intrusismo profesional en la conducta de Begoña Gómez. Según El Plural, “Peinado vuelve a recurrir a la UCO a pesar de que la mencionada unidad ha descartado hasta en dos ocasiones anteriores que exista indicio de delito alguno sobre Gómez”.
En el presente caso, según el citado diario, el magistrado ha pedido a la UCO que analice toda la documentación que la universidad ha aportado al procedimiento y redacte un nuevo informe. El centro educativo ha remitido tres escritos a fecha 1, 2 y 24 de julio a Peinado en relación con la cátedra y el software para cuyo desarrollo destinó más de 100.000 euros enmarcado en la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), una plataforma digital que tenía como objetivo una medición de impacto social de las compañías. Gómez registró esta plataforma digital en la Oficina Española de Patentes y Marcas, a espaldas del campus y su rectorado, según la querella del grupo ultracatólico y ultraconservador Hazte Oír.
“Hasta dos veces con anterioridad la unidad señalada de la Guardia Civil ha desmontado al juez Peinado. La última ocasión fue en julio, cuando la UCO emitió un informe de 102 páginas en el que concluye que seis contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés se tramitaron con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, añade El Plural.
Cabe recordar que la Universidad Complutense redactó un informe cuyo objetivo era la “posible apropiación indebida de propiedad de la UCM (Software-Plataforma electrónica)”. La universidad no fue capaz de llegar a ninguna conclusión apelando falta de colaboración de Gómez, pero, aun así, decidió poner su dictamen en conocimiento del juez. El centro universitario describía que “las actividades de investigación realizadas no le permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración”.
Los informes de la Guardia Civil analizaron dichos contratos adjudicados a Innova Next, propiedad del mencionado empresario (con el que administraciones de absolutamente todos los colores políticos han cerrado acuerdos), y finalizaba sin encontrar delitos en el procedimiento, añade El Plural. Previamente, la UCO había analizado varios contratos adjudicados por Red.es también a Barrabés y concluyó lo mismo. De hecho, estudió igualmente una adjudicación más de la empresa pública indicada, otra del Consejo Superior de Deportes y cuatro más del Ayuntamiento madrileño: “En líneas generales, con base en la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos –algunos de ellos actualmente vigentes– se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, zanjó el informe.
Hasta cinco administraciones u organismos de carácter público –Red.es, Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Deportes, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe– adjudicaron “a la mercantil Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos” entre los años 2017 y 2022. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ocurrió el 10 de junio de 2020 y a la oferta optaron diez licitadores “de los cuales únicamente cuatro superaron el umbral mínimo de cinco puntos fijados para la valoración de las ofertas sujetas a juicios de valor”. La Benemérita recogía que la UTE de la que formaba parte Innova Next logró la puntuación mayor global ponderadas; un 9’67 sobre un 9’18; un 8’10 y un 7’43.
La Complutense habla de actuaciones que le generaron “confusión” entre las actividades privadas y el ámbito universitario, según El Mundo. En esos términos se refiere a que la mujer del responsable de Moncloa había registrado una sociedad con el mismo nombre que la cátedra. E indicaba que, sin previo aviso, había registrado dos marcas con nombres coincidente con el de la cátedra: “TSC Transforma Social Competitiva” y “Transforma medición de Impacto Social y medioambiental www.TransformaTSC.org”. La realidad es que, según El Plural, ni el juez Peinado ni la UCO (aunque el primero lo ha intentado de manera incansable) han sido capaces de deducir que Gómez hubiera cometido algún delito en sus actuaciones académicas y/o empresariales.