El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, Javier Santamaría, ha dado un paso más en la investigación de la denuncia interpuesta por el PSOE de Andalucía sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre los años 2020 y 2023, cuando aún el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla los realizaba bajo el paraguas de una normativa estatal ya derogada tras el pico más elevado de la pandemia. El juez ha citado a declarar como investigados a los tres últimos gerentes del SAS, entre ellos Miguel Ángel Guzmán, el ex número dos de la Consejería de Salud que adjudicó sin concurso público un total de 44 millones de euros a la empresa sanitaria que lo contrató tras dejar su cargo público.
Además de Guzmán, tendrán que declarar como investigados por el supuesto delito de prevaricación administrativa la actual gerente del SAS, Valle García, y otro de sus antecesores, Diego Vargas. El juez no cierra la posibilidad de aumentar el número de delitos investigados conforme avancen las diligencias del caso, según adelanta la Cadena Ser. La denuncia del PSOE también contempla otros delitos como la malversación de fondos públicos, falsedad documental y organización criminal.
La oposición parlamentaria del ejecutivo de Moreno Bonilla al completo, tanto las tres formaciones de izquierdas con representación en la Cámara autonómica (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) como el Grupo Parlamentario Vox, han criticado la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, que mantiene en la actualidad las listas de espera prácticamente en estado de colapso, y una atención primaria con numerosas deficiencias, sin contar con el descontento de los trabajadores sanitarios con la gestión que vienen realizando las sucesivas consejeras de Salud.
El juez los investiga de momento por un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque el PSOE suma también los de malversación, falsedad documental y organización criminal
La providencia judicial reclama al Servicio Andaluz de Salud que aporte a la investigación todos los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia de su servicio central entre los años 2021 y 2023. Además, solicita a la Intervención General de la Administración autonómica todos aquellos documentos relacionados con la tramitación de expedientes por el procedimiento de emergencia, adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023.
Este paso adelante dado por la justicia para aclarar buena parte de la gestión sanitaria del ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla, sobre todo el apartado relacionado a los contratos con clínicas privadas, choca con el perfil bajo adoptado por el PSOE andaluz y sus máximos dirigentes desde que su denuncia fue admitida por un juzgado sevillano. Tanto es así que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, optó por no preguntar nada al respecto al presidente andaluz la pasada semana en un pleno parlamentario cuando ya sabía que la investigación judicial había sido respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.
Este paso judicial conocido este jueves se produce en pleno debate parlamentario de los Presupuestos autonómicos para 2025, muy contestados por la oposición, pese a que la holgada mayoría absoluta del PP en la Cámara autonómica le servirá para sacarlos adelante sin problemas.