El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado un importante avance en materia de justicia social: una subida del 8% en los baremos que determinan la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio. La medida, firmada este viernes por el ministro Félix Bolaños mediante una orden ministerial, responde al objetivo de actualizar las compensaciones de estos profesionales esenciales y, a su vez, mejorar la calidad del servicio público de justicia destinado a las personas con menos recursos económicos.
La nueva orden ministerial será de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2025 en todo el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia, que incluye a Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El acto de firma contó con la presencia del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, reflejando la colaboración institucional entre el Ministerio y los representantes del sector jurídico. Félix Bolaños destacó que este incremento no solo supone un reconocimiento al trabajo de los abogados y procuradores del turno de oficio, sino también un paso firme en la mejora de un servicio que constituye "la puerta de entrada a la justicia para quienes no pueden permitirse una defensa privada".
Compromiso con la justicia social
El Ministerio de Justicia se ha comprometido a continuar implementando medidas orientadas a la mejora del turno de oficio, manteniendo un diálogo permanente con el Consejo General de la Abogacía Española. “La colaboración con los profesionales del derecho es clave para avanzar hacia una justicia más justa, accesible y moderna”, afirmó Bolaños.
Este esfuerzo se enmarca dentro de una agenda más amplia de transformación de la Justicia impulsada por el Gobierno, que contempla la modernización tecnológica, el refuerzo de recursos humanos y la mejora del acceso a la carrera judicial mediante becas y ayudas económicas.
Reforma en marcha de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
En paralelo al incremento retributivo, el Ministerio sigue avanzando en la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo borrador superó en julio de 2024 el periodo de consulta pública. La nueva normativa busca actualizar profundamente la regulación de este servicio, adaptándola a la realidad social y tecnológica del siglo XXI.
Entre los principales cambios, se destaca una nueva definición de “insuficiencia de recursos” que da acceso a la justicia gratuita, ampliando el alcance del beneficio a colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género o violencia sexual, independientemente de su situación económica. Asimismo, se establecerán criterios específicos para que personas jurídicas puedan también acceder a este servicio en determinados supuestos.
En cuanto a la gestión, se incorporarán mejoras como la tramitación completamente electrónica entre los ciudadanos, las administraciones públicas y los órganos judiciales, en línea con el proceso de digitalización de la Justicia que promueve el Gobierno.
Una transformación histórica
La aprobación de esta nueva ley forma parte de una ambiciosa estrategia de transformación de la Justicia que, según el Ministerio, representa “el cambio más profundo en décadas”. Esta transformación incluye medidas como la digitalización de procesos judiciales, la modernización de estructuras judiciales, la ampliación de plazas para jueces y fiscales, y el refuerzo de la formación con becas dirigidas a los aspirantes a los principales cuerpos de la Justicia.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo busca construir un sistema judicial más eficiente, accesible e inclusivo. Una justicia que no deje a nadie atrás, y que garantice que el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva sea una realidad para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica.