La “caverna mediática” contraataca utilizando todas las armas a su alcance para parar la eventualidad de que Pedro Sánchez llegue a un acuerdo con Carles Puigdemont para amnistiar a todos los represaliados del “procès” a cambio del apoyo en su investidura parlamentaria. Los afines a la derecha utilizan argumentos, casi siempre manipulados, para señalar que esa medida puede ser inconstitucional. Y no conformes con la campaña de intoxicación que llevan a cabo con este asunto, ahora han llegado a decir que el segundo gran acuerdo de investidura sería una “consulta no vinculante” en forma de referéndum de autodeterminación. Nunca se han podido decir tantas mentiras en tan poco espacio de tiempo.
La derecha mediática ha desempolvado una resolución de los letrados del Congreso de los Diputados en la cual señalan que “el indulto general” es inconstitucional. Es verdad, pero es una manipulación. Aquí mismo se ha repetido hasta la saciedad que el indulto es una cosa y la amnistía es otra. El indulto es un acto administrativo, la amnistía es fruto de una discusión política: borrar delitos de forma genérica y para una multiplicidad de beneficiarios. Y eso, según la derecha, es inconstitucional. Y es inexacto: los letrados no hablan del tipo de amnistía que sí cabe dentro de la Constitución. Porque señalar que la Carta Magna al suprimir “los indultos generales” está prohibiendo las amnistías es “constitucionalmente absurdo”, a decir de un jurista cualificado experto en Derecho Constitucional como es el profesor Javier Pérez Royo para el que, además, “no hay ni un solo precepto de la Constitución que excepcione la potestad de las Cortes Generales para aprobar una ley de amnistía”. Y el catedrático señala que no sabe “de dónde se sacaron los letrados del Congreso que las Cortes Generales no podían aprobar una ley de amnistía”, ni tampoco acierta a entender “con base en qué interpretación de la Constitución se han expresado en el mismo sentido diversos catedráticos de derecho constitucional en diversos medios de comunicación”.
Se está malinterpretando la prohibición del indulto general que no es lo mismo que una amnistía. La Constitución no deja que las Cortes aprueben indultos generales porque son actos administrativos, actos de gobierno. Y es por tal motivo por el que en el texto de la Carta Magna aclara que lo que no se puede hacer es traspasar esta figura del indulto al ejecutivo porque entonces podría convertirse en discrecional. Es una simple cuestión de terminología que, además, ya fue tratada en su día por el propio Tribunal Constitucional para el que son las Cortes Generales el lugar donde se debe efectuar un análisis político para comprobar si es necesaria una amnistía. Es el foro de debate adecuado. Y así lo confirma la Corte de Garantías cuando señala que “la amnistía no debe de examinarse solamente desde una perspectiva limitada al ejercicio del derecho de gracia dado que también puede concebirse como una solución de derogación retroactiva de unas normas sancionadoras y de sus efectos adoptada por razones de justicia material”. Si nos atenemos al literal de este fundamento, el debate parlamentario sobre una ley de amnistía se centraría en que los represaliados del “procés” fueron acusados de sedición y malversación y ambos delitos han sido modificados legislativamente. Uno, la sedición, suprimido, y el otro, reformado.
El otro argumento que ha utilizado la derecha mediática con el fin de desactivar la negociación que se lleva a cabo para acordar los votos suficientes de la investidura de Pedro Sánchez es que el entorno de Puigdemont ha dicho que éste quiere que la ley de amnistía se apruebe antes de que Sánchez sea investido. Y eso, el líder independentista, que será lo que sea, pero no tiene un pelo de tonto, sabe que es pedir un imposible por lo que no está encima de la mesa un compromiso semejante. Y no es posible porque cualquiera que conozca los mínimos fundamentos sobre la legalidad vigente sabe que el actual gobierno, que está en funciones, no puede enviar al Congreso proposiciones legislativas. La reducción a lo absurdo de semejante argumento mediático sería que los grupos parlamentarios de izquierda presentasen una “proposición de ley”, algo que técnicamente no es posible desde el mismo momento en el que el parlamento todavía no ha decidido quien va a gobernar este país y una iniciativa legislativa podría colisionar frontalmente con tal circunstancia. En otras palabras. Si absurdos son los argumentos que se están empleando para desautorizar la posibilidad de sacar adelante una ley de amnistía, todavía más es la posibilidad de que dicha ley se apruebe antes de que el sistema se consolide con un ejecutivo fruto de su elección. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar en el debate y aprobación de una ley de amnistía cuando existe la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones?
Y, por último, el colmo del más absurdo todavía es hablar de que se está tratando la posibilidad de acordar “una consulta no vinculante”. Ya se ha explicado aquí mismo, que este tipo de consulta no tiene un encaje legal en este país donde sólo está regulado el referéndum. Pero entre las diversas modalidades de referéndum a que se refiere la ley orgánica 2/1980 ninguna tiene carácter “consultivo”. Habría que modificar esta ley orgánica. O convocar un referéndum vinculante, o sea el referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas. Y eso no es que sea ilegal, sino que para validar una iniciativa de este tipo habría que estar muy seguros de que el resultado va a ser el no. Porque el sí obliga al parlamento a modificar la Constitución y a convocar un nuevo referéndum para validar dicha reforma en la que ya habría que hablar de palabras mayores: la configuración territorial del Estado. Y dado como está la situación social en este país, en estos momentos, una operación de este calibre es muy difícil de llevar a cabo por no decir que es imposible
No se sabe bien lo que se está poniendo encima de la mesa negociadora sobre este asunto. Pero lo más probable, según las fuentes consultadas, es que ni siquiera se esté tratando este tema que quedaría en una mera declaración de intenciones. Lo que ocurre es que “la caverna mediática” pretende generar alarma social porque el objetivo ya no es que Núñez Feijóo obtenga la mayoría parlamentaria suficiente como para ser investido sino la repetición de las elecciones.