En medio de una campaña electoral, nada mejor para desgastar al Gobierno que una buena huelga de funcionarios. Y si es de Justicia, mejor que mejor. No vamos a negar aquí que el gremio tenga sus justas reivindicaciones salariales y laborales. Hace mucho tiempo que la Justicia es un auténtico desastre sin que ningún partido en el poder se haya preocupado por dignificar el que es uno de los grandes pilares de la democracia y del Estado de derecho.
Pero no deja de sorprender que ahora que Feijóo anuncia la derogación del sanchismo, ahora que la extrema derecha avanza, que los poderes fácticos económicos echan toda la carne en el asador para rematar a ese Gobierno de coalición demasiado alegre a la hora de subir impuestos a los ricos y que los jueces destrozan la ley del solo sí es sí en el Supremo, se movilice al funcionariado que, mucho nos tememos, carga a la derecha y también está harto de Pedro Sánchez.
Apoyo de UGT y Comisiones Obreras
Lo último que necesitaba el Ejecutivo era una huelga de servidores públicos. Miles de trabajadores saliendo a la calle con sus pitos, altavoces y pancartas dando la sensación de que el país se está yendo al garete. No tenían otro momento para esto. Había que hacerlo y había que hacerlo ya. Cinco miembros del comité de huelga de los funcionarios de Justicia han mantenido diversos encierros en el ministerio para forzar una negociación de sus reivindicaciones de mejoras retributivas y de condiciones de trabajo. De repente les ha entrado la conciencia de clase y están a un paso de la huelga de hambre.
Los representantes de CSIF, CCOO, UGT y STAJ pasaron dos noches en el Ministerio de Justicia, donde estuvieron encerrados desde que el martes el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, abandonara la reunión, según los sindicatos “de forma abrupta y unilateral”. Sorprende que Comisiones y UGT estén en esta guerra haciéndole el caldo gordo a los sindicatos más conservadores controlados por PP y Vox. Mucho nos tememos que ahí le han metido un gol a Álvarez y a Sordo, sobre todo al ugetista, al que habría que preguntarle si lo que quiere es que caiga el Gobierno para poder derogar los avances sociales que se han conseguido en esta legislatura, tal como propone Feijóo.
Arreglar los problemas de la Justicia en cuatro días antes de unas elecciones es imposible. Pero se monta mucho ruido, cacharrada y trompetería contra el sanchismo, que algo queda. Otra victoria más de las derechas.
¿Huelga política?
Las reivindicaciones de los trabajadores son justas. Pero no es el PSOE el único culpable de los males de la Justicia. Con el PP en el poder los problemas endémicos de nuestros juzgados y tribunales nunca se resolvieron. Eso sí, ningún sindicato le montó un pollo en la calle a Rajoy en los días previos a unas elecciones. Mucho nos tememos que aquí pueda haber mucho de intento legítimo de los profesionales por mejorar el sector, pero también de manipulación política. A ver si al final se va a escuchar más el grito de “Sánchez traidor y bilduetarra” que los típicos y habituales eslóganes de los manifestantes pidiendo mejoras salariales y refuerzo en las plantillas.
Esta huelga despide uncierto tufo a trampa política que tira para atrás. Y no solo porque los funcionarios son el sector que mejor vive en este país. Cobran puntualmente, tienen sus treinta días de vacaciones, pagas extraordinarias y sus horas extra al día. Y las tardes libres. ¿Que soportan una serie de problemas laborales perpetuados en el tiempo? Como todo hijo de vecino en este país. Pero no están precisamente ahogados por la precariedad y el abuso laboral, como ocurre en otros sectores que, dicho sea de paso, tendrían más legitimidad para estar protestando en la calle estos días de incertidumbre en los que se decide el futuro de España.
El 23J nos jugamos mucho. Tanto como seguir avanzando en derechos sociales y laborales arrebatados por el PP en los años de las crisis o entregar el país a los defensores de las clases privilegiadas. Por eso, insistimos, nos extraña tanto que UGT y Comisiones se hayan subido alegremente a este carro impulsado por otros que tienen otros objetivos más allá de los meramente sindicales (véase montar jaleo y bulla para acabar con el sanchismo cuanto antes).
Qué raro que en ese mundo de la Justicia siempre tan conservador les salga la vena revolucionaria y reivindicativa en un momento tan crucial para la historia de este país. Mientras tanto, Pilar Llop se defiende asegurando que está dispuesta a negociar, pero después de las elecciones del 23 de julio. Mucho nos tememos que cuando haya pasado la cita con las urnas, ese fervor sindicalista, ese suflé, habrá remitido mucho.
Calendario de protesta
Fuentes sindicales han asegurado que el ministerio todavía no les ha convocado a un nuevo encuentro y que tienen la intención de continuar el encierro y su calendario de movilizaciones ante la sede ministerial y ante la sede del PSOE. Tras los acuerdos retributivos alcanzados por el ministerio con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios exigen mejoras salariales de entre 350 y 430 euros al mes, así como la negociación de cualquier ley que afecte a sus condiciones de trabajo.
Los sindicatos lamentan que el ministerio solo haya ofrecido el compromiso de negociación del reconocimiento de funciones con incremento retributivo con el nuevo Gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio, lo que tachan de “burla” y propuesta “absolutamente insuficiente”.