Tal y como publicamos en Diario16, las tasaciones de Tinsa están incompletas, por lo que el valor entregado a la Comunidad de Madrid sería mucho más bajo que el que le correspondería.
La tasación entregada a la Comunidad se corresponde a la de un edificio sano, es decir, que esto beneficiaría a los afectados puesto que no se tuvieron en cuenta el estado precario de los edificios por culpa de las gravísimas consecuencias de las obras de la Línea 7B.
Tinsa, según señalan fuentes consultadas por Diario16, hizo una tasación basada en el precio total del edificio y dividiéndolo por el número de viviendas.
En consecuencia, el valor recibido por la Comunidad de Madrid corresponde a una suposición en la que todos los pisos estaban en igual situación, que hubieran envejecido igual.
Por tanto, no se ha tenido en cuenta las reformas que los afectados pudieran hacer para mejorar el estado y las calidades de su vivienda.
Las tasaciones que está recibiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso están incompletas y no se corresponden en ningún caso al valor real de las casas.
Hasta ahora, cuando se lleva a litigio la valoración de un inmueble, ha habido dos vías de reclamación: la tasación pericial y el recurso ordinario-reposición.
Sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal Supremo señala que, a pesar de que el peritaje mantenga la tasación inicial, el afectado podrá seguir recurriéndola porque imposibilitar ese recurso cercena uno de los principios jurídicos básicos de la jurisdicción contencioso-administrativa, la pro actione, y, sobre todo, va en contra del derecho constitucional a la defensa.
En concreto, el Supremo avala que los ciudadanos puedan recurrir una tasación pericial contradictoria.