El Partido Popular (PP) y Vox han dado un paso atrás en la lucha contra la explotación laboral y el trabajo infantil al votar en contra de una importante ley propuesta por la Comisión Europea en Bruselas. Esta directiva busca sancionar a las grandes empresas que se benefician de prácticas laborales injustas y que no son respetuosas con el medio ambiente. La posición de la derecha y extrema derecha española ha generado críticas y dejado en evidencia sus prioridades y su falta de compromiso con los derechos humanos y la protección de los más vulnerables.
La propuesta de la Comisión Europea busca garantizar que las grandes empresas adopten un comportamiento sostenible y responsable en todas sus cadenas de valor a nivel global. El objetivo es prevenir, mitigar y poner fin a los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación laboral, así como en el medio ambiente, abordando problemas como la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Esta iniciativa tiene como fin contribuir a la reducción del alarmante número de 160 millones de niños en todo el mundo que se encuentran en situación de trabajo infantil, y de los cuales casi la mitad están expuestos a condiciones peligrosas. Además, se estima que 25 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.
El voto en contra
En el Parlamento Europeo, la directiva fue aprobada con 366 votos a favor, pero la delegación española del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, y Vox se opusieron a esta legislación crucial y justificaron su voto argumentando que las restricciones planteadas por la directiva perjudicarían la competitividad de las empresas europeas en el mercado global, especialmente las pymes. Sin embargo, es importante destacar que estas medidas solo aplican a las compañías con una gran facturación, no a las pequeñas y medianas empresas.
Las consecuencias y las voces críticas
El régimen de sanciones contemplado en la directiva, que será impuesto por los supervisores nacionales, abarca desde la publicidad de los incumplimientos hasta la retirada de productos del mercado, e incluso multas de hasta el 5% de los ingresos de las empresas infractoras. Además, se incluye un componente medioambiental que requiere que las empresas desarrollen planes de transición para combatir el cambio climático. Sin embargo, organizaciones sociales argumentan que esta directiva no abarca a un número suficiente de empresas y que deja a muchas de ellas sin responsabilidades claras. A pesar de esta crítica, la aprobación de la directiva por parte del Parlamento Europeo marca un punto de inflexión en la forma en que se ve el papel de las empresas en la sociedad.
La postura de Vox y el PP
Durante el debate en el Parlamento Europeo, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, afirmó que imponer cargas y obligaciones adicionales a las empresas solo las empobrecerá y las volverá menos competitivas. Sin embargo, esta postura plantea interrogantes sobre las prioridades de estos partidos y su compromiso con la protección de los derechos humanos y el bienestar de los trabajadores. Por otro lado, el eurodiputado del PSOE, Ibán García del Blanco, señaló la alineación del PP español con la parte más conservadora de la derecha europea, y destacó que una ley de responsabilidad corporativa debe garantizar que las empresas actúen de manera ética y sostenible.