Dos cifras revelan la realidad de las macrogranjas en Castilla y León a un mes para las próximas elecciones autonómicas. PACMA ha hecho públicos datos relativos a enero de 2021, cuando se registró «un censo de casi 4.500.000 de cerdos en estas explotaciones, frente a las 2.394.918 de personas censadas en la comunidad autónoma». Segovia es, a continuación, la provincia más afectada, con casi 1.200.000 cerdos para 150.000 habitantes, «que no corresponde en absoluto con el consumo de carne de sus habitantes», y lamenta que esta actividad suponga «una vida de encierro y explotación extrema» para los millones de animales que pasan por estas instalaciones, así como «un foco de contaminación del agua y aire altamente nocivo y perjudicial para la salud de las personas».
El año pasado se sacrificaron en nuestro país, más de 910 millones de animales para consumo humano, lo que supone 1.700 animales cada minuto y más que toda la población de la Unión Europea. La producción total de carne aumentó un 16,2% entre 2016 y 2020 en España. Paralelamente, la Comisión Europea ha señalado a la ganadería como la principal responsable de la contaminación del agua ya que «es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos», argumentan.
Una amenaza para animales, personas y el medioambiente
Según PACMA, «El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León 110 acuíferos afectados o en riesgo de estarlo por nitratos cuyo origen es la explotación económica de la cría de animales y de los campos«. La mayoría de estas aguas subterráneas afectadas se encuentran en Burgos (33), Segovia (18), Valladolid (13) y Palencia (12). También existen 9 estaciones subterráneas afectadas por contaminación en Soria, 8 en Salamanca, 6 en Ávila, 5 en Zamora y una en León. Los nitratos derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la ingente cantidad de excrementos generados por la ganadería industrial se filtran en el terreno envenenando la tierra y sus acuíferos.
Esta es una de las razones que esgrime el Partido Animalista, que considera «inadmisible que el gobierno de Castilla y León haya permitido esta situación tan ruinosa para su tierra y el medioambiente. Lamentamos que la Comisión Europea haya tenido que llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos. Es flagrante el incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre la protección de la calidad del agua tanto en aguas superficiales como subterránea de los niveles excesivos de nitratos, así como el segundo incumplimiento de la Directiva marco del agua 2000/60/CE que establece la protección de las aguas frente a las presiones agrícolas».
Las administraciones siguen sin actuar
PACMA recuerda que el gobierno de España recibió una carta de emplazamiento en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 en los que se señalaba el incumplimiento de las disposiciones de la Directiva europea sobre nitratos. Además, debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, entre ellas Castilla y León. «La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes. Las respuestas de los principales grupos políticos son una tremenda irresponsabilidad hacia la ciudadanía, en especial hacia los habitantes de las zonas rurales. Sin la colaboración necesaria de los partidos políticos en el gobierno, no hubiera sido posible la implantación de este tipo industrias altamente contaminantes en los últimos diez años».
Van más allá. Aseguran que una vez requerido por Bruselas, no se ha producido una respuesta eficaz por parte de España que revierta este proceso, y, por tanto, «hemos sido testigos de una completa inacción y desidia en la resolución de este grave problema. El gobierno de la comunidad autónoma ha desoído de forma intencionada las decenas de protestas y movilizaciones de las diferentes organizaciones y miles de vecinos y vecinas que luchan por proteger su entorno, su futuro y el de las próximas generaciones».
Emisiones contaminantes
El informe de la Comisión europea también señala, que la ganadería fue responsable de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2 en España en 2019, con el sector porcino aglutinando el 50% de esas mismas. De nuevo, Castilla y León vuelve a ser la tercera comunidad que más contribuye al cambio climático a través de la producción cárnica, con un 30%, 12,1% y 10,5% de las emisiones totales, respectivamente. «La situación de contaminación de la Comunidad de Castilla y León es crítica. La respuesta de gestión de los espacios rurales más despoblados de la España vaciada ha resultado en un plan de implantación de industria intensiva de cría y sacrificio de animales, condenando a los nuestros espacios rurales y entornos naturales».
Ante la propuesta de una moratoria a la instalación de más macrogranjas o la ampliación de las ya existentes, mantienen que «es insuficiente. Queremos y exigimos una paralización total de cualquier industria que cosifique a los animales, atente contra su bienestar y contamine los espacios naturales. Nuestros esfuerzos políticos se centran en cambiar el actual modelo económico hacia un modelo diferente realmente sostenible que respete las diferentes especies de animales y sus ecosistemas, cuidando los entornos naturales en su uso». Por ello entienden que la comunidad autónoma de Castilla y León merece «otra gestión completamente diferente ofreciendo a los habitantes de las zonas rurales opciones laborales y sociales autosuficientes y de futuro en base al cuidado de su patrimonio histórico, cultural y natural, preservando la salud de sus habitantes y la calidad del medioambiente».