Las últimas decisiones del juez Peinado, polémicas como pocas, están escandalizando al mundo judicial. Esta semana que termina tenía lugar un acalorado debate en Antena 3, donde el catedrático en Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Javier Álvarez, se mostraba muy crítico con la actuación y declaraciones del magistrado que se ha empeñado en sentar en el banquillo de los acusados, como sea, por lo civil o por lo criminal, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El catedrático llegó a referirse a Peinado como “señorito” y calificó también su proceder como “impresentable” y “manifiestamente contrario al ordenamiento”. Al mismo tiempo afirmaba que esas actuaciones “están escandalizando” al mundo jurídico.
En otra comparecencia televisiva, esta vez en La Sexta, Álvarez expresaba su preocupación por el curso que está tomando la investigación dirigida por el juez Peinado, que indaga en si la primera dama cometió tráfico de influencias con otros empresarios patrocinadores a la hora de organizar un máster para la Complutense. Álvarez calificó las indagaciones como “palos de ciego” y criticó la amplitud con la que se está abordando la vida de Gómez. “Esto es la consecuencia lógica del objeto del proceso que fijó el juez en un auto el 1 de julio de este año, donde dijo cuál es objeto del proceso. Los actos, conductas y comportamientos de Begoña Gómez”, señaló el catedrático. Según Álvarez, la amplitud de la investigación está llevando a situaciones absurdas y a un desgaste innecesario de testigos, como es el caso de los patrocinadores del máster, entre ellos un alto directivo de Fundación Caixa, que han sido llamados a declarar como testigos. “Esto es un escándalo, como la canción”, agregó con ironía.
Álvarez también cuestionó la decisión del juez Peinado de ceder a las partes personadas como acusación particular (grupos de extrema deercha, conspiranoicos, antiabortistas y antivacunas) el vídeo en el que aparece Pedro Sánchez acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar contra su mujer, considerando que “es una barbaridad” y que carece de valor procesal. “¿Qué va a aportar una no declaración? Lo único que podría aportar es el papel donde dice que este señor se negó a declarar”, sostuvo, añadiendo que el uso de la imagen del presidente en un acto procesal no aporta nada y solo busca generar ruido mediático.
Álvarez no es el único jurista de renombre que ha arremetido contra el juez Peinado. De una manera más sutil, el exportavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, también se ha mostrado escéptico en cuanto al modo de proceder y las posibilidades de éxito del polémico magistrado. “El tráfico de influencias es un delito difícil de demostrar”, dijo Bosch en una de sus apariciones públicas. Incluso ha afeado al instructor que saque sus propias conclusiones sobre la no declaración de Sánchez, que Peinado sugirió sospechosa. “En ningún caso la jurisprudencia dice que el silencio de un testigo puede servir para incriminar o para inculpar a otra persona”.
La lista de medidas judiciales controvertidas firmadas por Peinado es ya larga. Ahí van unas cuantas (no todas, ya decimos que la cadena de ocurrencias es larga): aceptó una querella fake (plagada de recortes de prensa, de bulos y errores) de un sindicato fascista; obvió el informe de la Guardia Civil que no ve delito alguno en la actuación de la inquilina de Moncloa; se enfrentó al fiscal, que pidió archivar la causa por falta de indicios; tuvo que tragar con el tirón de orejas de la Audiencia Provincial, que le paró los pies para que no investigara el rescate de Air Europa, ya que el objeto del proceso era el máster; mantuvo a Gómez en el limbo jurídico, sin concretar su estatus de imputada para que pudiera defenderse; se olvidó de informarla de que otra organización ultra, Hazte Oír, se había sumado a la querella de Manos Limpias, al igual que otras asociaciones negacionistas, conspiranoicas y esotéricas (ese lapsus le obligó a suspender la declaración de la investigada para dar traslado de la nueva querella a los abogados de Moncloa); e incluso llegó a pedir a la Policía el DNI de la primera dama cuando ya lo había entregado ella misma. El último eslabón de este rosario esperpéntico ha sido la entrada y registro policial en la casa del empresario Barrabés, al que ha tratado como a un terrorista cuando no hay un solo indicio de irregularidad contra el empresario. No pocos juristas advierten de que esto ha sido un intolerable e inconstitucional allanamiento de morada en toda regla.