Los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido continuar con la huelga indefinida que comenzaron el 17 de abril, a pesar del adelanto electoral, argumentando que el Gobierno no tiene impedimentos legales para negociar con los sindicatos y resolver el conflicto. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han recordado que en el pasado se han alcanzado acuerdos con gobiernos semanas antes de las elecciones y han exigido al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio de elecciones para evadir su responsabilidad.
Como muestra de su protesta, los funcionarios tienen previsto realizar una manifestación frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, el martes a las 12:00 horas. El comité de huelga ha comunicado que se mantendrán los paros y las manifestaciones programadas para esta semana, luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de julio.
Los sindicatos se reunieron después de enterarse de la decisión del Gobierno mientras se dirigían a una concentración frente al Ministerio de Justicia. Además, tienen programada una asamblea general para el martes a las 9:30 horas. El comité de huelga ha señalado que exigen la intervención del presidente del Gobierno para obligar a sus ministras a negociar y encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y ponga fin a la huelga indefinida.
Los sindicatos presentarán un escrito al presidente Sánchez solicitando su intervención y otro similar se dirigirá a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como representante del otro partido del Gobierno de coalición. Cabe destacar que los funcionarios ya habían enviado una carta al jefe del Ejecutivo pidiendo que intercediera en las negociaciones.
La situación se complica debido al anuncio de las elecciones generales
La situación se complica debido al anuncio de las elecciones generales, que implica la disolución de las Cortes y la suspensión de todas las cuestiones normativas que debían aprobarse. Los representantes sindicales han criticado al Ministerio de Justicia por no haber negociado hasta ahora y haber dejado abandonados a los trabajadores.
Los funcionarios en huelga reclaman un aumento salarial de hasta 430 euros al mes para los 45.000 empleados públicos, en línea con lo pactado con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales. Mientras que el Ministerio ha destinado 46,7 millones de euros para los 8.000 jueces y fiscales, los 4.000 LAJ consiguieron 22,7 millones de euros después de dos meses de huelga. Sin embargo, esta cantidad está por debajo de los 200 millones de euros exigidos por los casi 45.000 funcionarios en huelga.
Además del aumento salarial, los funcionarios piden que se detenga la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa, que según los sindicatos, el Ministerio de Justicia quiere imponer sin negociar, lo que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas.
Tras la disolución de las Cortes Generales, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia impulsadas por el Ministerio quedan paralizadas
Tras la disolución de las Cortes Generales, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia impulsadas por el Ministerio quedarán paralizadas. También se suspenderán otros textos legislativos promovidos por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.
A pesar de que el conflicto entre los funcionarios y el Ministerio de Justicia parecía haberse resuelto para los Letrados de la Administración de Justicia y los jueces y fiscales, el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ) y la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) han solicitado una reunión urgente con el Ministerio para garantizar la implementación del aumento salarial de 450 euros acordado en marzo, ante el anuncio de las elecciones anticipadas. Ambas asociaciones han destacado que los decretos de retribuciones no requieren la intervención de las Cortes Generales y no deberían retrasarse.