El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, autoriza a las administraciones públicas a convocar nuevos procesos extraordinarios para reducir la temporalidad. La tasa adicional afecta a aquellos puestos de trabajo estructurales que a 30 de diciembre de 2021 estuvieran cubiertos por personal temporal, pero ampliando en un año -desde el 1 de enero de 2016- el anterior requisito de tiempo ininterrumpido de ocupación de plaza.
El personal en abuso de temporalidad que no superó procesos anteriores mediante un sistema selectivo distinto al previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2021 tendrá así una nueva oportunidad de consolidar su plaza, incluso habiendo sido ya cesado.
El Real Decreto señala que las ofertas extraordinarias de empleo público deberán estar aprobadas antes de que finalice 2023 y tendrán que ser resueltas antes del 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad.
La modificación legislativa impide que puedan convocarse las plazas de quienes se encuentren inmersos en procesos de consolidación actualmente en marcha y reconoce falta de uniformidad en el cumplimiento del proceso de estabilización laboral, propiciada por la existencia de administraciones públicas que no han dado cumplimiento a la Ley 20/2021 respecto del sistema selectivo por concurso para los interinos de larga duración.
Un problema sin resolver
La Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) considera que este concurso extraordinario no resuelve la situación actual, ya que “afectará solo a los suspendidos por procesos, en su mayoría, de las Ofertas Públicas de Empleo de 2017 y 2018, dejando de lado a muchos otros colectivos en situación de abuso de temporalidad”.
La central sindical ha advertido reiteradamente de las insuficiencias de la ley 20/2021, “ya que no protege a los profesionales que más antigüedad y conocimiento poseen y que resultaron afectados por las Ofertas de Empleo Público de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, en las que muchos trabajadores fueron cesados mientras otros están en peligro de perder su empleo por no superar el proceso selectivo”. Estará, además, “vigilante para que todas estas plazas sean convocadas y el personal cesado o suspendido todavía en activo pueda consolidar su plaza después de tantos años en abuso de temporalidad”.
Los procesos de estabilización de empleo temporal son una de las medidas sancionadoras que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone como remedio al uso abusivo de las relaciones temporales de trabajo. FETAP-CGT impulsa en este sentido campañas de denuncia mediante los buzones “Whistleblower”, que permiten canalizar infracciones laborales ante la justicia europea, de manera directa y anónima, con la finalidad de obtener una sentencia directa que zanje de forma colectiva y definitiva los abusos de temporalidad en las administraciones públicas españolas.