La Fiscalía General del Estado ha puesto en manos de la vicepresidenta Carmen Calvo, responsable política de Patrimonio Nacional, el futuro de los monjes benedictinos que residen en el complejo del Valle de los Caídos. Ahora será el Gobierno el que decida si aplica la ley y hace salir a los monjes benedictinos del Valle o crea un nuevo convenio para permitir que permanezcan allí.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una denuncia ante la Fiscalía, el pasado día 4 de febrero, en la que aportaba información sobre el fin de la vigencia del convenio que rige la estancia de un grupo de monjes benedictinos en el Valle de los Caídos.
En 1958 la dictadura franquista firmó un convenio con los monjes benedictinos del Monasterio de Silos por el cual se comprometían a gestionar el Centro de Estudios Sociales el Valle de los Caídos, a celebrar todos los días del año una misa en favor de los caídos por España y a crear una comunidad benedictina en el Valle donde residen de forma permanente al menos veinte monjes con sus respectivos novicios.
En octubre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Régimen Jurídico del Estado, que entró en vigor un año después y que señalaba la fecha del 2 de octubre de 2020 como fecha límite para que se extinguieran de forma automática todos aquellos convenios que no hubieran sido renovados por el Estado desde su entrada en vigor. Y cómo Patrimonio Nacional no ha creado un nuevo convenio, los monjes llevan residiendo en el Valle de manera ilegal desde hace casi cinco meses.
“La Fiscalía no ha querido ejercer un proceso pese a la ilegalidad manifiesta y la obligación que tiene de velar por la legalidad que está siendo clara y notoriamente vulnerada por los monjes y por el Gobierno que no los expulsa del Valle”, afirma Emilio Silva, presidente de la ARMH. “Nosotros ya remitimos a la vicepresidente Carmen Calvo la documentación por registro oficial y no fuimos a la Fiscalía para que actúe como un servicio de mensajería, sino para que persiga el incumplimiento de la ley”, añade.
La Fiscalía ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y memoria democrática de la que es titular Carmen Calvo. Ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone o redacte un nuevo convenio, algo que iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil.