El escándalo monumental que se ha montado alrededor del contrato con Israel para la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil crece como una bola de nieve. Alguien en Interior ha cometido un grave error como es tener trato comercial con un Estado terrorista y genocida. Quien quiera que sea la lumbrera ha provocado un terremoto político de consecuencias imprevisibles. Ha dejado en evidencia a Pedro Sánchez (que ha hecho causa política internacional con el conflicto palestino); ha puesto al borde de la ruptura al Gobierno de coalición; y ha desatado una guerra interna en la izquierda española (Izquierda Unida baraja romper con Moncloa mientras que Sumar pide prudencia). Ni Santiago Abascal podría haber ideado un guion tan perfecto y sangrante para el Ejecutivo central.
Pero vayamos al detalle de esta extraña operación (rara porque, de entrada, España dispone de tecnología y empresas para fabricar munición en nuestro país sin necesidad de recurrir a Israel). En octubre pasado, Interior remitió un comunicado en el que expresaba que el Gobierno mantenía “el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”. Sin embargo, esta misma Semana Santa (concretamente el 16 de abril) se reactivaba la compra de las polémicas balas que, dicho sea de paso, sirven para pistolas defectuosas que se encasquillan a menudo, tal como han denunciado las asociaciones de guardias civiles. Con todo, fue la Jefatura de Asuntos Económicos de la Benemérita quien dio el visto bueno a la compra con la empresa israelí Imi Systems Ltd (Guardian Homeland Security S.A) por la nada despreciable cifra de 6,6 millones de euros. Por tanto, ya tenemos un dato importante: la decisión de formalizar el contrato parte del Ministerio del Interior, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. ¿Estaba Pedro Sánchez al corriente? Si el presidente del Gobierno y el ministro hablaron sobre este asunto de alto voltaje que pone en entredicho la credibilidad de la diplomacia española, la responsabilidad sería compartida. Si fue el exjuez quien dio el paso como un trámite más dentro del funcionamiento interno de su departamento, solo a él correspondería pedir responsabilidades. Un ministro del Interior, y más un hombre informado como Marlaska, tiene la obligación de saber que España ha cortado la relación con el Gobierno de Netanyahu por el genocidio en Gaza, que ha costado ya más de 50.000 muertos.
En cualquier caso, el Ministerio del Interior anunció que daría marcha atrás a la operación, pero en las últimas horas decidió seguir adelante después de que la Abogacía del Estado recomendara que no se rescindiera el contrato, dado el coste que podría suponer debido al avanzado estado de tramitación. Y ahí es donde viene la segunda parte de este desaguisado. No se trata ya del escándalo con el consiguiente bochorno mundial de nuestro Gobierno, sino de las consecuencias jurídicas de este negocio armamentístico que quema como la radiactividad. En las últimas horas, y tras el terremoto que se ha desencadenado (la tensión era tal que por momentos el Consejo de Ministros ha estado al borde de saltar por los aires), Moncloa ha asegurado que está revisando el caso para estudiar la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa israelí. Sin embargo, no le va a resultar fácil al Gobierno dar marcha atrás. El documento está firmado y dejarlo en papel mojado abriría un proceso judicial en los tribunales. Ser coherente y volver a la senda de los derechos humanos supondría que España perdería los 6,6 millones de euros adjudicados, más la consiguiente indemnización por daños y perjuicios. El roto o daño a las arcas públicas sería importante. Pero hay más. Este despilfarro de dinero de los contribuyentes podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. Los responsables del fiasco podrían terminar sentados en el banquillo ante un juez de instrucción. Probablemente la UCO entraría en el caso para elaborar un informe sobre quién o quiénes perpetraron el desfalco. Habría citaciones, testigos llamados a declarar, imputados. Un nuevo escándalo para Sánchez, esta vez sin necesidad de lawfare alguno, sencillamente provocado por la pura incompetencia de un Gobierno que se ha pegado un tiro en el pie. No habría demasiado que investigar. Bastaría con revisar la documentación sobre el caso Balas. Estaríamos ante un claro asunto de prevaricación o incluso delitos contra la Administración Pública. Sin duda, Manos Limpias, el sindicato ultraderechista que se querella por cualquier estupidez, lo tendría fácil en esta ocasión para poner en aprietos a altos cargos del PSOE.
Todas las alarmas saltaron ayer, cuando Sumar expresó su malestar y habló de crisis en el Ejecutivo de coalición. Izquierda Unida incluso habló de romper con Sánchez, retirándole todo tipo de apoyo. Al mismo tiempo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado una carta al ministro Marlaska en la que le insta a cancelar el contrato de compra de armamento a Israel, así como a abrir una auditoría que aclare otros contratos o relaciones comerciales con ese país. Deben haber dimisiones en varios niveles, en la Oficina Económica de la Guardia Civil, en la Secretaría de Estado de Seguridad e incluso en el propio ministerio. Marlaska está tocado, no solo por este fiasco, ya debería haber dimitido por las matanzas en la verja fronteriza con Marruecos.
Moncloa ha anunciado que va a rescindir los contratos. Pero revertir la situación, volver a ser coherentes y defensores de la causa palestina no le resultará fácil a Pedro Sánchez, el hombre que ha llegado a pedir que Netanyahu sea procesado por el Tribunal Penal Internacional. España va a quedar como un Estado poco fiable que denuncia el genocidio palestino mientras que, a la hora de la verdad, mantiene trato comercial con empresas de armas israelíes. Lo cual es tanto como hacer negocios con los asesinos de los niños gazatíes.