Todo lo que rodea al caso Medina y Luceño, los dos intermediarios que se encargaron del negocio de las mascarillas durante la pandemia en Madrid, huele cada vez peor. Ayer, ambos emprendedores que se sientan estos días en el banquillo de los acusados aportaron una prueba para demostrar que el Ayuntamiento de Martínez-Almeida no se sintió estafado por ellos, sino más bien al contrario, se les dijo que habían hecho un buen trabajo. El fiscal cuestionó la citada prueba, pero la decisión no ha hecho más que incrementar la sombra de la sospecha sobre el consistorio madrileño. La exministra y actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, lo dijo claramente ayer: “El señor Almeida debe dar explicaciones por el caso de las mascarillas”, y apuntó a un supuesto trato de favor a los dos empresarios.
En su turno, el abogado que representa al PSOE solicitó que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid. Al igual que la representación legal del Ayuntamiento de Madrid, el fiscal se ha mostrado contrario a que Almeida testifique porque se ha probado que no participó en las negociaciones y porque considera que en la carta en la que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de “impertinente” al igual que la petición de comparecencia de Hidalgo.
Todo apunta a que el alcalde de Madrid debería comparecer en el juzgado, ya que tomó parte directa en las contrataciones. Si el alcalde de Madrid fuese Pedro Sánchez, seguramente ya estaría en Alcalá Meco. Sorprendentemente, la Justicia no cree necesario que el primer edil vaya al juzgado, lo que nos lleva a pensar en otro caso más de lawfare judicial está en marcha. Se trata de salvar al soldado Ryan Almeida, que como servidor público tendría la obligación de declarar para dar explicaciones y aclaraciones sobre este desfalco. En cualquier democracia europea avanzada el alcalde de una gran ciudad ya habría dimitido por un escándalo de semejantes proporciones. Incluso habría sido llamado a declarar, al menos como testigo.
El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongará a lo largo de siete sesiones. El hijo menor de Naty Abascal y su socio están siendo juzgados por las comisiones millonarias que obtuvieron al inflar los precios de las mascarillas y guantes vendidos hasta el doble, lo que supuso un desembolso de unos 11 millones de euros por parte de las arcas públicas, informa Europa Press.
En las cuestiones previas, el abogado José Antonio Choclán, defensa de Luis Medina, aseguró que se ha aportado un escrito en el que se transcriben audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre su cliente y la excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Collado fue la funcionaria que intervino en la operación de compraventa del material, que se materializó en tres contratos de emergencias licitados por la Empresa Municipal Funeraria. En concreto, uno de los audios muestra cómo Medina indica a la alto cargo del ayuntamiento cuál es el precio de fábrica de las mascarillas y guantes ofrecidos, que era de dos euros.
El fiscal se opuso a la prueba al considerar que no hay garantías de su autenticidad y alegó que le parece “raro” que no se haya aportado hasta ayer por la tarde. Si se admite, solicita que Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar. En su turno, el letrado de Luceño solicitó a la Sala incorporar como prueba documental los audios y mensajes de whatsapp aportados la semana pasada que muestran las felicitaciones de la Alcaldía a su cliente y su socio en la operación, lo que a su juicio muestra que “el Ayuntamiento no se sentía en absoluto estafado”.
De la misma manera, el letrado ha pedido a la Sala que el empresario malayo San Chin Choon, el proveedor del material sanitario, declare en una sala habilitada en la Embajada de España en Malasia y se autentifique que se trata de una persona real y no solo de un nombre, criticando que desde el Juzgado nunca se ha intentado que declare ese testigo. Durante la instrucción, el empresario asiático trasladó al juez su imposibilidad de desplazarse a España por motivos laborales. El fiscal ha defendido al respecto que se hizo todo lo posible para que compareciera por el caso en España.
El letrado de Luceño impugnó por nulo e “ilegal” el auto por el que el juez Adolfo Carretero autorizó la entrada y registro de la vivienda de su cliente, en septiembre de 2022. La diligencia se enmarcaba en una pieza separada abierta para intervenir las comunicaciones del empresario. “Se lo llevaron todo. Se hizo un 'totum revolutum'. Nosotros consideramos que es nulo al ser prospectivo”, aseveró el letrado, quien cree que se lesionaron varios derechos fundamentales de su cliente. “La causa ha sido una causa general y desproporcionada. Esta causa debería ser declarada nula de toda nulidad”, dijo.
También recalcó ante a la Sala que hay partes personadas en el procedimiento que están actuando con mala fe y que deberían ser expulsadas del procedimiento en relación a un informe del Tribunal de Cuentas. “No entiendo cómo la Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid dicen que no hay lesión para el erario público y aquí dicen que sí”, reprochó.
Por su parte, el fiscal presentó un informe sobre el volcado de los mensajes aportados el pasado lunes a la Sala en relación a las mencionadas conversaciones al detectarse que se han podido omitir trozos en relación al pago de comisiones. Por ello, solicitó la reproducción íntegra de todos los mensajes cuando se interrogue a los encausados.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Luceño se quedó con cinco millones con los que adquirió una casa, coches de alta gama y relojes de lujo, mientras que Medina obtuvo un millón, con el que adquirió un yate. El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
A su llegada al juzgado, los empresarios cruzaron el pasillo en el que les esperaban los periodistas sin hacer declaraciones. Ya en el interior de la sede judicial, estuvieron conversando a modo distendido entre ellos y entre sus abogados, mostrando que mantienen una buena relación.