Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, WeMove Europe y WWF han entregado al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, más de 260.000 firmas contra la proposición de ley para la mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana.
Son firmas de ciudadanos europeos que se oponen a esta iniciativa que se tramita en el Parlamento andaluz y que, según estas organizaciones, “pretende amnistiar hasta 1.900 hectáreas de fincas ilegales alrededor Doñana”, precisan en un comunicado dado a conocer por la agencia Efe.
Con este objetivo, se reunirán con Sinkevicius y trasladarán al comisario la necesidad de que la UE “siga presionando a los gobiernos español y andaluz para evitar que este atentado ecológico ponga en peligro uno de los refugios para la biodiversidad y humedal más importante de toda Europa”.
El humedal más importante de Europa
Las organizaciones advierten de que esto “se está convirtiendo en una historia común en Europa y, si Doñana cae, pronto caerán otros espacios naturales”, al tiempo que recuerdan que si consiguen frenar esta ley, se sentará “un precedente en Europa”.
Defienden que Doñana es el humedal más importante de Europa: “Cientos de miles de aves, muchas de ellas provenientes de países del norte de Europa, dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o descansar durante su migración a África. Por eso, España y la Junta de Andalucía tienen una enorme responsabilidad internacional”, señalan.
Sin embargo, inciden, Doñana “se muere de sed por el cambio climático, agravado por la agricultura intensiva y los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos que han ocupado sin control miles de hectáreas, aislado su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos”.
Las organizaciones y movimientos ecologistas han denunciado este atentado ante las autoridades locales y todos los organismos internacionales.
La extracción para regadíos destruye Doñana
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les dio la razón y condenó a España por destruir la naturaleza de Doñana al permitir la extracción abusiva de agua con destino a la agricultura intensiva.
A pesar de la sentencia del TJUE y de las recomendaciones de Unesco, se sigue tramitando esa proposición de ley que supone “una amnistía a los agricultores con explotaciones agrícolas ilegales y que utilizan agua sin los permisos obligatorios” y que “supondrá una presión insoportable para este humedal, Patrimonio de la Humanidad, que podría colapsar”.
Consideran que de aprobarse “sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido el Estado Español”.