Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha admitido ante el Tribunal Supremo que filtró a la prensa el contenido de un correo confidencial vinculado a la investigación por fraude fiscal contra Alberto GonzálezAmador, pareja de la presidenta madrileña. La declaración, que tuvo lugar este miércoles, marca un nuevo episodio en una trama plagada de mentiras, manipulaciones y acusaciones cruzadas que salpican directamente al entorno más cercano de Ayuso.
Reconocimiento bajo presión
“Sí, filtré el correo”, admitió Rodríguez ante el magistrado Ángel Hurtado. El correo en cuestión, enviado por el fiscal Julián Salto el 12 de marzo de 2024, fue tergiversado por Rodríguez para presentar a la Fiscalía como la promotora de un pacto con González Amador, cuando en realidad fue este último quien lo propuso un mes antes. La maniobra buscaba sembrar dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público y victimizar a la presidenta madrileña.
Sin embargo, la realidad salió a la luz apenas horas después. Como confirmó el propio Rodríguez, no tenía conocimiento del correo previo del 2 de febrero, en el que la defensa de González Amador reconocía los delitos fiscales y solicitaba un acuerdo para evitar el juicio. La tergiversación fue evidente: Rodríguez envió el correo del fiscal a un grupo de 55 periodistas, acompañándolo de comentarios que insinuaban un supuesto chantaje orquestado desde “arriba”.
¿Incompetencia o manipulación deliberada?
La estrategia de Rodríguez ha sido desmontada paso a paso. Durante su declaración, el jefe de gabinete intentó justificar su acción como una “deducción basada en su experiencia”, alegando que desconocía informaciones clave. “Yo no tenía el primer correo, no podía saber que esto era una respuesta”, afirmó. No obstante, fuentes cercanas al caso han confirmado que Rodríguez recibió el correo original la mañana del 14 de marzo, horas después de que su filtración manipulada desatara un terremoto mediático.
La Abogacía del Estado, en su intervención, solicitó el volcado completo del móvil de Rodríguez para esclarecer la cronología de los hechos y determinar si hubo destrucción de pruebas. Sin embargo, el juez Hurtado rechazó esta medida, limitándose a cotejar los mensajes enviados la noche del 13 de marzo. “Es imprescindible garantizar la preservación de pruebas en un caso que afecta a la confianza en las instituciones”, destacó un portavoz de la Abogacía.
El papel de Ayuso y las sombras sobre su gobierno
Isabel Díaz Ayuso ha guardado silencio sobre el escándalo que envuelve a su jefe de gabinete, aunque no es la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez genera polémica por sus métodos. Desde el inicio de su mandato, Rodríguez ha sido una figura clave en la estrategia de comunicación de Ayuso, caracterizada por un discurso polarizador y el uso de informaciones cuestionables para atacar a sus adversarios políticos.
“Los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie”, declaró Rodríguez a las puertas del Supremo, en un intento de desviar la atención hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Rodríguez ha acusado al fiscal de filtrar informaciones confidenciales y ha exigido una condena “ejemplar” contra él. No obstante, los hechos conocidos hasta ahora apuntan a que fue el propio entorno de González Amador quien inició la cadena de filtraciones.
La oposición reclama explicaciones
El PSOE, por su parte, ha interpuesto una denuncia contra Rodríguez por la divulgación de datos privados de dos periodistas de El País, obtenidos presuntamente a través de un escolta de Ayuso. “Estamos ante un caso de abuso de poder que exige una respuesta contundente”, afirmó un portavoz socialista, quien también solicitó medidas para garantizar que no se destruyan más pruebas.
Mientras tanto, Unidas Podemos y Más Madrid han exigido la dimisión inmediata de Rodríguez y una explicación pública de Ayuso. “No es solo una cuestión de ética; estamos hablando de posibles delitos que comprometen la credibilidad de toda la Comunidad de Madrid”, señaló la diputada regional Carolina Alonso.
La manipulación mediática, en el centro del debate
El escándalo también ha puesto de relieve el papel de algunos medios de comunicación que reprodujeron sin verificar las informaciones manipuladas por Rodríguez. La difusión del bulo sobre el supuesto pacto de la Fiscalía fue clave para desviar la atención de las acusaciones contra González Amador, un empresario ya cuestionado por sus actividades fiscales.
“La mentira no puede ser la base del debate público”, advirtió un analista político en una columna publicada en eldiario.es. “Lo ocurrido demuestra cómo la utilización irresponsable de las instituciones puede dañar irreparablemente la confianza ciudadana.”
A medida que avanza la investigación, el futuro político de Miguel Ángel Rodríguez y su influencia en el gobierno de Ayuso está en entredicho. La decisión del juez Hurtado de no autorizar el volcado del móvil ha generado críticas entre los sectores que consideran imprescindible una investigación exhaustiva. Sin embargo, el desgaste político para Ayuso ya es evidente.
Con una opinión pública cada vez más alerta ante los abusos de poder, el caso podría marcar un antes y un después en la percepción del gobierno regional. “Esto no es solo una crisis de comunicación; es una crisis institucional que requiere transparencia y responsabilidad”, concluyó un experto en derecho constitucional consultado para este artículo.