Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Gijón o Vigo… En total, 39 ciudades españolas han acogido este sábado una oleada de manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinos para exigir soluciones urgentes ante la emergencia habitacional que atraviesa el país. El lema que ha unido a miles de manifestantes ha sido contundente: “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Un mensaje que apunta directamente a fondos buitre, especuladores y a una política pública que, según denuncian, ha fracasado a la hora de garantizar el derecho a un techo.
Una España que no puede pagar su casa
Pero no todo el mundo comparte los métodos ni el mensaje del Sindicato de Inquilinas, organizador principal de la convocatoria. El manifiesto lanzado por la entidad ha generado fricciones entre formaciones políticas de izquierda, sindicatos tradicionales y colectivos sociales, que han apoyado las marchas pero se desmarcan del tono y el enfoque del texto.
Un derecho básico convertido en lujo
La crisis de la vivienda es, desde hace meses, la principal preocupación de los ciudadanos según el CIS. Cada vez es más difícil alquilar o comprar una casa sin destinar más de la mitad del salario. Y el problema no afecta solo a jóvenes o familias vulnerables. Los profesionales sanitarios y del ámbito educativo alertan de cómo la precariedad habitacional afecta ya al rendimiento escolar, a la salud mental y a la estabilidad familiar.
“Estamos ante una emergencia social”, decía Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, desde la manifestación de Madrid. “No vamos a aceptar más desahucios ni más expulsiones de nuestros barrios. Se acabó irnos con la cabeza baja”, clamaba. A su alrededor, miles de personas gritaban contra los fondos de inversión, las viviendas turísticas, los alquileres desorbitados y la pasividad institucional. Muchos, como Valentino Paccini, un joven uruguayo residente en la capital, resumían su frustración: “Aunque tengas buen sueldo, necesitas ayuda de tus padres para comprar. Alquilar ya es otro calvario. Es una trampa”.
Un manifiesto que no convence a todos
A pesar de la masiva participación ciudadana y del amplio apoyo a la convocatoria, el manifiesto firmado por el Sindicato de Inquilinas no ha conseguido generar consenso entre los partidos progresistas ni en los sindicatos mayoritarios.
Desde Izquierda Unida, Antonio Maíllo mostró su respaldo a las protestas, pero matizó: “La intervención pública debe planificarse con medidas concretas, como la limitación de precios, la rehabilitación de viviendas vacías o el freno a las viviendas turísticas, pero sin caer en discursos que pueden generar más polarización que soluciones”.
También Comisiones Obreras ha manifestado su apoyo al derecho a la vivienda, pero sin firmar el manifiesto. Fuentes del sindicato han señalado que algunas propuestas del texto “no son compartidas ni en el fondo ni en la forma” y que lo importante es centrar los esfuerzos en “medidas efectivas y negociadas”.
Una brecha que se agrava cada año
El problema tiene una raíz estructural. Según datos del Banco de España y de BBVA Research, el país arrastra un déficit de entre 600.000 y 800.000 viviendas. Cada año se construyen en torno a 90.000 nuevas unidades, pero se forman más de 250.000 hogares. Además, el parque de vivienda social apenas alcanza el 2,5% en España, muy por debajo de la media europea del 9,3%.
A esto se suma el auge de la vivienda turística y la compra de inmuebles para la inversión, lo que reduce aún más la oferta residencial. Solo hasta febrero de este año había más de 351.000 pisos vacacionales registrados, lo que agrava la falta de alquileres disponibles y dispara los precios.
“Antes de construir a lo loco hay que analizar qué uso se le da al parque existente”, advertía Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya, que también ha pedido intervenir sobre las viviendas vacías antes que seguir saturando el suelo.
Más allá de pancartas y consignas
A pesar de la tensión entre colectivos, partidos y sindicatos, la movilización ha conseguido algo que no es habitual: situar el debate sobre la vivienda en el centro de la agenda política y social. En ciudades como Málaga, Valencia o Palma, las manifestaciones han sido tan multitudinarias como diversas: jóvenes, familias, trabajadores migrantes y jubilados, todos bajo el mismo lema.
Pero si algo ha dejado claro esta jornada es que la indignación se ha vuelto transversal, aunque no todos compartan las mismas recetas. Mientras algunos piden expropiar pisos vacíos o desarticular los grupos de desokupación, otros reclaman soluciones más estructuradas: aumentar la oferta pública, planificar mejor el desarrollo urbano, poner coto al alquiler turístico y dotar de medios a las administraciones para intervenir en el mercado.
La vivienda, eje de una fractura social
La gran movilización de este sábado refleja el malestar creciente de una sociedad que siente que se le escapa lo más básico: un hogar. Pero también ha evidenciado la falta de una voz única frente a esta crisis. Si bien la protesta ha sido masiva y clara en su mensaje de denuncia, la división en torno al manifiesto del Sindicato de Inquilinas apunta a una dificultad añadida: la necesidad de construir una agenda común que una a todos los actores en torno a soluciones realistas, urgentes y consensuadas.
Porque, como gritaban miles de personas en las calles, “sin casa no hay vida”. Pero sin acuerdos, tampoco habrá soluciones.