Las políticas de la derecha matan. En los últimos años, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, una región que está siendo arrasada por los incendios, ha puesto el servicio de extinción de incendios en manos de 35 empresas privadas. Y, tal como se está viendo en las últimas horas, el modelo de subcontratas de la brigada forestal ha colapsado, ya que el plan no da abasto para atender a decenas de fuegos que se han desatado. Más de 50 incendios y más de 50.000 hectáreas quemadas (37.000 de ellas en el siniestro de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, el peor de la historia de España desde que hay registros) han puesto de manifiesto que Mañueco ha hecho más bien poco desde aquel terrible incendio en la Sierra de la Culebra de 2022. Ha habido excesiva desidia política, demasiados recortes de los derechos de los bomberos y agentes forestales, demasiada política ultraliberal que reniega de la intervención del Estado. Una ideología que no solo profesa Mañueco, también sus socios de la extrema derecha de Vox, quienes por cierto niegan la influencia del cambio climático en el infierno de fuego que se desata cada verano.
Los sindicatos llevan años reclamando un operativo cien por cien público tras comprobarse la “ineficacia” del actual modelo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Especialmente sangrante el caso de las Médulas. Los sindicatos consideran especialmente preocupante que este espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO haya demorado la elaboración de un Plan Integral de gestión, actualmente en su fase inicial de elaboración, después de que el anterior de 2013 haya sido derogado.
“El modelo de operativo defendido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está mostrándose ineficaz para hacer frente a la realidad de incendios forestales”, por lo que CCOO manifiesta su rechazo a la gestión de prevención y extinción de incendios de la Administración autonómica. Hay que cambiarlo todo de raíz, abandonar modelos de gestión propios del siglo XX que se han quedado obsoletos y encarar un nuevo sistema que tenga en cuenta la incidencia cada vez mayor del calentamiento global.
Para empezar, Mañueco miente cuando dice que no hacen falta más recursos y medios. De hecho, hay torretas de vigilancia, fundamentales a la hora de detectar un incendio, que están fuera de servicio. No se ha hecho un esfuerzo por incluir las nuevas tecnologías, como el uso de drones, en la lucha contra el fuego. Y lo peor de todo es que las plantillas están esquilmadas como demuestra el hecho de que ayer decenas de incendios estaban activos sin que ningún efectivo, cuadrilla o brigada los pudiera atender. Se pierden cientos de hectáreas sencillamente porque no hay manos, y la prueba palpable es que los vecinos de las pequeñas aldeas afectadas han tenido que jugarse la vida, con cubos de agua y mangueras improvisadas, para evitar que las llamas devoren sus casas y terrenos. Pero además la privatización ha resultado nefasta, ya que ha degenerado en una especie de explotación laboral de los trabajadores del sector. Bajos salarios, eventualidad y estacionalidad (la mayoría de ellos trabajan solo los meses de verano cuando el riesgo de incendio en el nuevo escenario climático persiste durante todo el año) y carencia de pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad (se suele incumplir la ley de prevención de riesgos laborales y muchos de los bomberos y agentes contraen cáncer por la exposición al humo, a la combustión de vegetales y todo tipo de materiales), son solo algunas de las deficiencias. Está demostrado que “la exposición al humo puede reducir en diez años la vida de una persona”. Aunque existe una ley estatal de protección contra agentes cancerígenos, “no se nos está aplicando”, explica un forestal. Un bombero de la Asociación de Trabajadores de la Junta de Castilla y León, que ha solicitado mantener el anonimato, ha compartido este miércoles su frustración por la nefasta gestión. “Estamos en manos de gente que no tiene ni idea de gestionar un operativo”, aseguró en una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser. Es tal el descontrol que hay bomberos que tienen que dormir en furgonetas porque las autoridades no han habilitado estancias para que puedan descansar tras jornadas de más de 14 horas con riesgo para sus vidas.
El operativo de la Junta está formado por más de 35 empresas privadas que se reparten las licitaciones públicas para labores de prevención y extinción. Es un reino de taifas, en el que no hay una unión. Los trabajos salen por subastas a contratos de licitación a la baja y la empresa que menos paga, es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y extinción. “Al final, los que salimos pagando son los trabajadores, porque estas empresas lo que hacen es ratear en todo lo que pueden: en salarios y en material”, añade el trabajador, según el Huff Post.
Igualmente, el bombero ha denunciado la precariedad y las malas condiciones laborales que sufren. “Los sueldos son miserables”, ha llegado a decir. Apenas cobran 1.400 euros al mes y, en estos días, están trabajando hasta 18 horas al día. El profesional subraya que hay que invertir más en prevención y en medios. “Los incendios se tienen que apagar en invierno. Esta desgracia debería hacer que se replanteara un poco todo, que haya dimisiones y se asuman responsabilidades políticas, porque estamos hartos. Resulta vergonzoso escuchar al presidente de la Junta decir que habían invertido 79 millones de euros en inversión. ¿Dónde están esas inversiones?”, concluye.
Mañueco se defiende asegurando que se ha hecho un esfuerzo inversor para reforzar el servicio. En todo caso, la ayuda es una gota de agua en medio de un oceáno. El problema de los incendios en la edad posclimática va a exigir de más inversión pública, desde luego cuantificada en cientos de millones, si no en miles. Ahora que Castilla y León pierde su hermoso patrimonio verde y miles de personas miran con horror el paisaje arrasado de su entorno queda confirmado que el modelo ultraliberal de externalización de los servicios públicos es un auténtico cáncer para una sociedad.