El juez Peinado lleva siete meses investigando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una indagación prospectiva o causa general. Primero le interesó sus vinculaciones con el empresario Aldama y el caso Koldo, después el rescate de la aerolínea Air Europa, más tarde el máster de la Complutense y finalmente un supuesto software de uso gratuito del que, según las acusaciones populares (mayormente Vox y Manos Limpias), se apoderó la primera dama. Delitos que se van acumulando uno tras otro sin pruebas concluyentes, círculos concéntricos que nunca se tocan o confluyen y que confirman que la investigación de Peinado tiene un marcado carácter prospectivo. Todo lo que se le ocurra al magistrado sobre la inquilina de Moncloa es susceptible de ser examinado; a cualquier sospecha le sigue el rastro, sin que le frene la ley y la jurisprudencia que, dicho sea de paso, prohíben a un juez “salir de pesca” con un imputado. Peinado va dando palos de ciego hasta que acierte una, y ahora cree haber impactado en la piñata definitiva que va a derrocar el sanchismo.
Ayer, Peinado traspasó una línea roja más al pedirle al Registro Civil el “certificado literal de matrimonio” de la mujer del presidente. Además, el instructor reclama “consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la investigada Begoña Gómez". Fuentes judiciales han interpretado este movimiento como un intento de Peinado por aclarar si el matrimonio de Moncloa se rige por un régimen de separación de bienes o de sociedad de gananciales antes de fiscalizar hasta el último céntimo ganado por los cónyuges, mayormente el patrimonio de Sánchez, que es a quien pretende empapelar Peinado. Este tipo de peticiones judiciales sobre cuentas y patrimonios se realizan cuando un juez tiene la sospecha fundada de que un presunto delincuente está ocultando una fortuna detrás de algún testaferro, generalmente su cónyuge. Es evidente que Peinado, en su obsesión, está viendo ya a Pedro Sánchez como al gran Al Capone o Pablo Escobar del socialismo español. Mirándole las cuentas a su cónyuge, se las está escudriñando en realidad al jefe del Ejecutivo español. Una jugada tan astuta como irregular.
Durante todo este tiempo, el juez ha estado mareando la perdiz, como coloquialmente suele decirse, con Begoña Gómez. La esposa del premier y su máster universitario no le interesa lo más mínimo. Gómez es solo la puerta, la llave, para llegar a la pieza mayor: el líder socialista. Peinado ha estado jugando, desde el primer momento, a tratar de derrocar el sanchismo y en ese tablero maquiavélico la esposa del presidente era solo el señuelo para caer sobre el gobernante socialista. Sabe perfectamente que el asunto de la primera dama es una menudencia. De hecho, expertos juristas siguen creyendo que no ha habido ningún tipo de delito en la conducta de la mujer del presidente. En todo caso, una cuestión de falta de ética por haber continuado con su actividad profesional desde la Moncloa, pero de ninguna manera una actuación que encaje bajo un tipo legal determinado del Código Penal.
Sin embargo, la pelota, hoy por hoy, está ya donde quería el juez Peinado. Tras la petición de certificación matrimonial llegará la inspección a fondo del patrimonio no solo de Gómez, sino también de Sánchez. ¿Es legal este tipo de indagatoria por la puerta de atrás o utilizando a un chivo expiatorio para llegar a otro objetivo mayor? Una vez más, prestigiosos juristas dudan de que lo sea, ya que se estarían dañando garantías procesales y derechos constitucionales fundamentales de un ciudadano al que no se le da la oportunidad de defenderse. Si en un primer momento el juez se saltó los informes de la Guardia Civil que niegan delito alguno en la conducta de Begoña Gómez, ahora parece que pretende erigirse en improvisado inspector de la Agencia Tributaria (de lo cual se desprende que el magistrado no se fía de las instituciones de este país y hace la guerra por su cuenta). Pero una inspección tributaria conlleva sus requisitos, plazos, tiempos y recursos para que el contribuyente pueda defenderse. Es cierto que un juez puede ampliarle una investigación fiscal a un implicado en una trama oscura, pero siempre con un informe fiscal previo de Hacienda e informando antes al imputado de que pesa sobre él esa condición. No es el caso de Sánchez, a quien Peinado ha tomado declaración como testigo, en el mismo palacio de la Moncloa, sin ponerle al corriente de que pretende acusarlo de algo en concreto.
Que un juez quiera meter las narices en el patrimonio de un ciudadano sin indicios racionales de criminalidad contra él es algo gravísimo que quiebra el principio de seguridad jurídica, las leyes procesales y la Constitución misma. Al dar ese paso arriesgado, el instructor se está erigiendo en el comisario político de uno de esos regímenes totalitarios de infausto recuerdo. Todo lo que está haciendo el titular del Juzgado Número 41 de Madrid se antoja de dudosa constitucionalidad. Llegar hasta las cuentas del presidente del Gobierno utilizando subterfugios legales o atajos, como poner en la picota a su esposa, es, ni más ni menos, que detonar el Estado de derecho desde sus cimientos. Peinado está acusando veladamente a Sánchez de utilizar a su esposa como testaferro para incrementar su patrimonio. Una barbaridad jurídica, un peligroso Rubicón que ningún magistrado se había atrevido a atravesar en democracia.
El hecho de que un juez admita la querella basada en noticias falsas de un sindicato ultraderechista ya es, de por sí, muy grave. Pero que pretenda abrirle un expediente paralelo por fraude, incremento patrimonial injustificado o delito fiscal al presidente del Gobierno lo es más todavía. Es evidente que el magistrado se siente impune y bien respaldado. Tiene detrás de sí, cubriéndole las espaldas, a la Audiencia Provincial de Madrid que le tolera todo y también al Tribunal Supremo de Marchena, con quien mantiene afinidad ideológica. Pero cuidado, porque la suerte se acaba. Y más tarde o más temprano alguien puede poner en su sitio al juez libertario y ácrata que retuerce la ley a su antojo.