El juez Peinado va a tener un problema por la forma como se ha obtenido la información fiscal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que está investigando por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación de un software e intrusismo laboral a raíz del máster que dirigió para la Universidad Complutense de Madrid.
El magistrado solicitó las cuentas de Gómez al Punto Neutro Judicial, una red de servicios que ofrece datos a los juzgados, y que proporcionó una lista de 11 supuestas cuentas bancarias vinculadas a Gómez. Según esta información, el saldo total de las cuentas era de apenas 40,25 euros, lo que generó sospechas y críticas.
Ahora la defensa de la mujer del presidente, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, ha argumentado que esta información es “absolutamente errónea” y ha instado al juez Peinado a proteger los datos personales de su cliente para evitar que caigan en manos de terceros, incluida la prensa.
La mujer del presidente del Gobierno, representada por su letrado, asegura en un escrito al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que “el contenido de la citada información es absolutamente erróneo”. “Tanto en cuanto a la identificación de las cuentas de las que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma; y, sobre todo, en cuanto a los saldos, puesto que es totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0”, añade el letrado. De esas 11 cuentas, cinco son en condición de “titular”, dos en calidad de “autorizado”, y cuatro como “representante”. Las únicas en las que aparece algún saldo son dos en las que aparece como titular: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros. El resto de cuentas estarían a cero euros.
Además, el letrado asegura que toda esta información se ha obtenido y divulgado a los medios “incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y, con ello, normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales”. “Pese a que en teoría el acceso a las pruebas aportadas durante un procedimiento judicial resulta, sin duda, muy limitado en la práctica, quedando accesibles únicamente a los jueces y tribunales, fuerzas y cuerpos de seguridad y a las partes procesales implicadas, nada impide que otras personas (...) puedan tener acceso a las mismas”. “La obtención y aportación de pruebas no debe vulnerar derechos ni libertades fundamentales y, entre ellos, tampoco la protección de datos personales”, alega el letrado.
El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha ordenado una revisión exhaustiva de las cuentas bancarias de Gómez, abarcando el periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y el 18 de noviembre de 2024.
El asunto recuerda en buena medida al caso que persigue al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, inmerso en un procedimiento por dos supuestos fraudes fiscales. Mientras en el expediente de Alberto González Amador (pareja de la lideresa madrileña) la Justicia ha abierto causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos personales del contribuyente a la prensa, en el juzgado de Peinado el material informativo que afecta a la intimidad de la primera dama va de mano en mano por las redacciones de los periódicos de la caverna. Estamos, sin duda, ante un nuevo ejemplo de doble rasero en los órganos jurisdiccionales de este país. El caso Begoña Gómez ha puesto de relieve las tensiones entre la privacidad de los datos personales y la transparencia en los procedimientos judiciales. Mientras tanto, el juez Peinado continúa su investigación.