El Tribunal Supremo ha sido el escenario donde el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se desvinculó de un correo electrónico enviado por su abogado a la Fiscalía, en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales. El correo en cuestión, filtrado a la prensa, ha sido el centro de una tormenta judicial y política que involucra a altos cargos del gobierno y de la Fiscalía.
González Amador, quien se encuentra imputado por fraude fiscal, corrupción en los negocios y administración desleal, afirmó ante el Supremo que no dio su consentimiento a su abogado, Carlos Neira, para redactar ni enviar dicho correo. De acuerdo con su testimonio, el empresario había solicitado una solución discreta y rápida para sus problemas fiscales, pero desconocía que su abogado lo llevara a reconocer públicamente los delitos cometidos.
Un correo que desvela más de lo esperado
El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió a la Fiscalía un correo en el que el empresario admitía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo que le permitiera evitar la cárcel. Esta revelación fue lo que desencadenó una serie de filtraciones que terminaron por poner en el centro de la polémica a la Fiscalía General del Estado. La filtración del correo provocó una investigación contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
En su declaración ante el Supremo, González Amador insistió en que nunca consintió la acción de su abogado. Aseguró que no sabía que su defensa iba a reconocer los delitos, y que se enteró de la filtración cuando la Cadena SER publicó el contenido del correo. Sin embargo, las pruebas parecen contradecir esta versión, ya que se han encontrado mensajes entre González Amador y Neira en los que se hablaba de la conformidad con la que se cerraría el pacto con la Fiscalía.
La doble cara de la defensa
El testimonio de González Amador ante el Supremo también ha puesto en duda la estrategia legal de su defensa. Según fuentes jurídicas, el empresario no pudo explicar el cruce de mensajes con su abogado, en los que se discutía sobre la conformidad del acuerdo y cómo, en el correo, Neira afirmaba actuar "de conformidad con su cliente". Esta contradicción ha dejado en entredicho la versión de González Amador y ha aumentado la sospecha sobre su verdadero conocimiento del pacto propuesto.
Lo que más ha preocupado a la defensa de González Amador es el término "defraudador confeso" utilizado por algunos medios de comunicación, lo que ha supuesto un perjuicio grave tanto a nivel personal como profesional. La filtración del correo, más allá de los problemas legales que implica, ha afectado la imagen pública del empresario, quien ha afirmado que ha perdido contratos y ha visto dañada su reputación.
¿Una filtración estratégica?
En medio de la tormenta, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, fue señalado por haber difundido el contenido del correo a varios medios de comunicación. González Amador reconoció haber entregado el correo a Rodríguez, pero insistió en que no sabía que se iba a hacer público. Este hecho ha avivado las teorías sobre si la filtración fue un acto de defensa política o una estrategia para manipular el caso a favor de Ayuso y su entorno.
Además, el caso ha adquirido una dimensión política al involucrar a altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid y al propio Fiscal General del Estado, quien está siendo investigado por la posible filtración del contenido del correo. La estrategia de comunicación del gobierno regional y la intervención de personajes clave como Miguel Ángel Rodríguez ha alimentado las dudas sobre la actuación de la Fiscalía, lo que ha generado aún más tensión en un contexto político ya de por sí convulso.
Los próximos pasos en la investigación
El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, ha citado para mayo a nuevos testigos, incluido el abogado de González Amador, Carlos Neira, quien ahora se encuentra señalado por su cliente. Neira tendrá que explicar por qué actuó de la manera en que lo hizo y si realmente envió el correo de conformidad con su cliente. Además, se espera que comparezcan cuatro periodistas que recibieron la filtración y que, según las pruebas, tuvieron acceso a los detalles del pacto con la Fiscalía antes de que se hiciera público.
La investigación sobre la filtración del correo ha puesto en evidencia las tensiones políticas entre el gobierno de Ayuso y la Fiscalía General del Estado. En paralelo, se han abierto nuevas diligencias que incluyen la solicitud de información a plataformas de mensajería como WhatsApp y Google, en busca de pruebas que puedan esclarecer el origen y el alcance de la filtración. Sin embargo, se sigue sin esclarecer el papel exacto que jugó el Fiscal General del Estado en este escándalo, lo que deja la puerta abierta a nuevas revelaciones.
Un caso lleno de sombras
Lo que parecía un simple problema fiscal se ha convertido en una batalla judicial y política con implicaciones mucho mayores. La acusación de fraude fiscal contra Alberto González Amador ha terminado por arrastrar a varios actores de la política madrileña y de la Fiscalía en una trama de revelación de secretos y filtraciones estratégicas. La desconexión entre el empresario y su abogado ha dejado claro que, más allá de las pruebas, este caso está marcado por un cúmulo de inconsistencias, intereses políticos y personales, lo que complica aún más su resolución.