El polémico asunto de los cientos de contratos troceados, a dedo y adjudicados a empresas “afines” al PP en la Xunta de Galicia sigue sin ser investigado a fondo como ocurriría en cualquier democracia de calidad. ¿Por qué? Porque podría afectar a la familia de Alberto Núñez Feijóo. Todas las iniciativas parlamentarias han sido frenadas, sistemáticamente, en la cámara autonómica gallega. Y ningún juez se ha atrevido a abrir ese melón.
Ahora, la dirección estatal del PSOE ha dado un nuevo paso para tratar de aclarar las cuentas en aquel Gobierno regional controlado por el PP. Los socialistas han anunciado que reclamarán a la Xunta una auditoría “urgente” para esclarecer los contratos de la Administración autonómica con Eulen, la empresa cuya dirección para el noroeste de la península ejerce Micaela Núñez Feijóo, hermana de Alberto Núñez Feijóo, según informa el diario Público. Solo una auditoría independiente y profesional podría poner negro sobre blanco y luz y taquígrafos a la, cuando menos, cuestionable forma de adjudicar contrato de obra pública y servicios en la comunidad autónoma de Galicia. Sin embargo, mucho nos tememos que el Partido Popular y la judicatura conservadora torpedarán una iniciativa urgente y necesaria en aras de la transparencia. Llama poderosamente la atención este bloqueo antidemocrático mientras a los miembros de la familia de Pedro Sánchez se les investiga hasta la partida de nacimiento. Todo ello mientras hay fundadas sospechas de que lo que está ocurriendo en la Xunta es mucho más grave por el volumen de dinero y contratos manejados.
La auditoria inmediata ha sido solicitada por Esther Peña, portavoz de la ejecutiva socialista, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid en la que señaló que “ya nadie puede ocultar la adjudicación sistemática de contratos supuestamente a dedo a la empresa de la hermana del señor Feijóo”.
Según una investigación publicada por el citado medio de comunicación en 2022, las empresas del grupo Eulen multiplicaron su contratación con la Xunta desde que Feijóo accedió a la presidencia en 2009. Su hermana, que era la responsable de la compañía en Galicia, ascendió a la dirección del noroeste en 2016, después de que Eulen alcanzara su récord de adjudicaciones el ejercicio inmediatamente anterior.
Las informaciones también revelaron que el sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, ha seguido entregando contratos públicos a Eulen al mismo ritmo, y que las licitaciones en favor de Eulen duplican a las de las otras dos compañías líderes en el sector de la seguridad en España.
Según otra serie de artículos publicados por este diario, la Xunta de Rueda ocultó al Parlamento de Galicia más de 1.100 de esos contratos, sin concurso público y entre los que también figuraban varios de los que beneficiaron a la empresa de su cuñado –Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas, pareja del líder del PP–. Las compañías vinculadas al entorno de Feijóo obtuvieron más de 31 millones en 6 años en adjudicaciones a dedo de la Xunta.
En agosto pasado, se desveló que el PP multiplicó las adjudicaciones a Eulen en las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia desde que Feijóo accedió a la presidencia del partido en la primavera de 2022. La portavoz del PSOE aseguró que este partido pedirá que en la auditoría se incluyan también otras empresas conectadas con políticos del PP gallego.
Pese a que la Justicia aún no ha movido un dedo para investigar el escandaloso asunto de los supuestos contratos millonarios de la Xunta de Galicia a empresas afines al PP de Feijóo, siguen apareciendo datos que hablan de presunto nepotismo, de contratos a dedo, de absoluta falta de transparencia en las adjudicaciones. Así, la Xunta de Galicia ocultó al Parlamento de Galicia al menos 1.133 contratos con el Grupo Eulen.
Esos expedientes “deberían haber formado parte de la documentación que estudió la comisión de investigación de la Cámara gallega que intentó desentrañar la maraña de irregularidades en las adjudicaciones a sociedades del entorno familiar de Feijóo y de otros cargos y personas próximas al PP”, añade Público.
Resulta escandaloso que con todo lo que ya se sabe, ningún juez de instrucción ni fiscal le haya hincado el diente a este gravísimo caso de oscurantismo regional. Debería analizarse cada contrato, cada céntimo que se ha adjudicado en los últimos años en la Administración gallega, porque hay serios indicios de que no se han seguido los protocolos legales. Demasiados contratos troceados, demasiados contratos adjudicados a dedo, demasiado enriquecimiento de personas allegadas a la familia Feijóo.
“El pasado otoño, y ante las evidencias del trato de favor de la Xunta hacia las empresas de su hermana y también de su cuñado, Ignacio Cárdenas, el BNG instó la apertura de la comisión de investigación, que reclamó a la Xunta todos los expedientes de contratación de la Administración autonómica de los últimos años”. Por desgracia, el PP lo ha tapado todo, lo cual es casi una confesión de culpabilidad. Además, se ha sabido que las empresas vinculadas al entorno familiar del hoy presidente nacional del PP cobraron de la Xunta más de 31 millones de euros en adjudicaciones a dedo en los últimos seis años, a través de 1.638 contratos menores o tramitados por el procedimiento de emergencia, fórmulas que permiten a las administraciones asignarlos sin concurso público. “La mayoría de ellos, por un valor de más de 26 millones, se firmaron cuando Feijóo presidía la Xunta e incluso mientras ejerció su cargo en funciones tras presentar su renuncia y asumir el liderazgo del partido”.