Pese a que la Justicia aún no ha movido un dedo para investigar el escandaloso asunto de los supuestos contratos millonarios de la Xunta de Galicia a empresas afines al PP de Feijóo, siguen apareciendo datos que hablan de presunto nepotismo, de contratos a dedo, de absoluta falta de transparencia en las adjudicaciones. Según Público, la Xunta de Galicia, que hoy preside Alfonso Rueda, ocultó al Parlamento de Galicia al menos 1.133 contratos con el Grupo Eulen, “cuya directora para el noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo”.
Esos expedientes, según el citado medio, “deberían haber formado parte de la documentación que estudió la comisión de investigación de la Cámara gallega que intentó desentrañar la maraña de irregularidades en las adjudicaciones a sociedades del entorno familiar de Feijóo y de otros cargos y personas próximas al PP”.
Resulta escandaloso que con todo lo que ya se sabe, ningún juez de instrucción ni fiscal le haya hincado el diente a este gravísimo caso de oscurantismo regional. Debería analizarse cada contrato, cada céntimo que se ha adjudicado en los últimos años en la Administración gallega, porque hay serios indicios de que no se han seguido los protocolos legales. Demasiados contratos troceados, demasiados contratos adjudicados a dedo, demasiado enriquecimiento de personas allegadas a la familia Feijóo.
“El pasado otoño, y ante las evidencias del trato de favor de la Xunta hacia las empresas de su hermana y también de su cuñado, Ignacio Cárdenas, el BNG instó la apertura de la comisión de investigación, que reclamó a la Xunta todos los expedientes de contratación de la Administración autonómica de los últimos años”, asegura Público. Por desgracia, el PP lo ha tapado todo, lo cual es casi una confesión de culpabilidad. El pasado fin de semana se ha sabido además que las empresas vinculadas al entorno familiar del hoy presidente nacional del PP cobraron de la Xunta más de 31 millones de euros en adjudicaciones a dedo en los últimos seis años, a través de 1.638 contratos menores o tramitados por el procedimiento de emergencia, fórmulas que permiten a las administraciones asignarlos sin concurso público. “La mayoría de ellos, por un valor de más de 26 millones, se firmaron cuando Feijóo presidía la Xunta e incluso mientras ejerció su cargo en funciones tras presentar su renuncia y asumir el liderazgo del partido”, añade Público.
Según este periódico digital, el sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, “ha ocultado buena parte de esa documentación a la comisión del Parlamento de Galicia que debía investigar esas adjudicaciones”. Rueda sólo facilitó a la Cámara un listado con referencias de contratos “en los que ni siquiera figuran todos los que la Xunta suscribió con esas compañías, y ha eludido responder a Público sobre las razones de la omisión de más de 1.100 expedientes que afectaban a la familia de Feijóo”.
Rueda respondió enviando al Parlamento un listado de contratos que incluía 825 suscritos con Eulen entre 2005 y octubre de 2024. Pero en realidad son muchos más. Público ha tenido acceso a las referencias de al menos 1.566 adjudicaciones ordenadas por consellerías y organismos dependientes de la Xunta sólo desde el año 2018 y hasta octubre de 2024. De ellas, únicamente 433, es decir menos del 28%, figuran en el listado referido a ese mismo período que el Ejecutivo de Rueda envió al Parlamento gallego.
Público se ha dirigido a la Presidencia de la Xunta para interesarse por la omisión y para saber si existen más expedientes del período 2005-2018 que no fueron comunicados al Parlamento, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco ha contestado el Grupo Popular, al que se dirigió el citado diario para conocer su opinión sobre la ocultación de documentación al Parlamento.
Los 1.566 contratos tramitados entre 2018 y 2024 se destinaron a cuatro sociedades de Eulen: Eulen SA, matriz del grupo, Eulen Seguridad, Eulen Servicios Sociosanitarios y Eulen Centro Especial de Empleo. Fueron suscritos por una veintena de consellerías, empresas públicas, consorcios, agencias y fundaciones dependientes de la Administración autonómica. La inmensa mayoría, un total de 1.553, se refieren a adjudicaciones de bienes y servicios por debajo de 30.000 euros, lo que permite tramitarlos como contratos menores y adjudicarlos a dedo sin concurso público. Micaela Núñez Feijóo empezó a trabajar para Eulen como delegada en Pontevedra en el año 2003, casi al mismo tiempo en que su hermano aterrizaba de regreso en la Xunta como vicepresidente y conselleiro de Política Territorial de la última legislatura de Manuel Fraga.