El PSOE ha salido al paso de las informaciones judiciales que apuntan a supuestas irregularidades en las donaciones del exministro José Luis Ábalos al partido. La formación socialista ha emitido un comunicado este jueves en el que aclara que todas las aportaciones económicas realizadas por cargos públicos y militantes están debidamente fiscalizadas, tanto por Hacienda como por el Tribunal de Cuentas.
Según la versión del partido, los diputados socialistas no cobran directamente del Congreso, sino del grupo parlamentario. De ese salario se descuenta la llamada “aportación voluntaria”, una cantidad que se dona al partido y que se aplica de forma automática antes de que el sueldo llegue a la cuenta del diputado. Además, todos los afiliados —incluidos los altos cargos— pagan una cuota como militantes. Estas cantidades, subrayan desde Ferraz, están perfectamente registradas y declaradas.
El origen de las discrepancias
El pronunciamiento del PSOE llega después de que el juez Leopoldo Puente, a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, solicitara información tanto al partido como al Congreso de los Diputados sobre las retribuciones percibidas por Ábalos y las donaciones que habría efectuado al partido entre 2014 y 2024.
El foco está en un desajuste entre las cifras oficiales y los movimientos reales en las cuentas bancarias del exministro. Mientras Hacienda calcula que Ábalos recibió 751.421 euros como diputado en ese periodo, en sus cuentas solo constan ingresos desde el Congreso por valor de 79.841 euros. De igual forma, las aportaciones al partido que declara ante la Agencia Tributaria ascienden a 44.729 euros, pero en sus cuentas únicamente aparecen 8.471 euros donados al PSOE.
Para la Guardia Civil, estas diferencias levantan sospechas y han motivado nuevas diligencias del Tribunal Supremo, que trata de esclarecer la situación patrimonial de Ábalos.
Ferraz señala al sistema de retribuciones
Desde el PSOE explican que todo se debe al sistema interno de pagos del grupo parlamentario. A diferencia de lo que ocurre con otros diputados, los socialistas cobran directamente de su grupo, que actúa como intermediario entre el Congreso y los cargos electos. En ese proceso, el grupo deduce automáticamente las donaciones y las cuotas militantes correspondientes antes de efectuar el ingreso.
Este detalle, que podría parecer menor, sería clave para entender por qué la Cámara Baja apenas aparece como fuente de ingresos en las cuentas del exministro, o por qué no hay transferencias visibles de Ábalos al partido que se correspondan con las cifras declaradas a Hacienda. Según la formación, cuando el político ocupaba un cargo ministerial, debía hacer esas donaciones por su cuenta, pero durante su etapa como simple diputado, era el grupo parlamentario el que realizaba la deducción directamente de su nómina.
Transparencia en entredicho
Aunque el PSOE insiste en que todo el procedimiento está conforme a la ley y supervisado por los organismos competentes, las sospechas generadas por el informe de la UCO y las cifras que no cuadran con los registros bancarios han encendido las alarmas.
El caso pone en evidencia la necesidad de una mayor claridad en los mecanismos internos de financiación de los partidos, así como en la trazabilidad de los sueldos y las aportaciones de sus dirigentes. El hecho de que los pagos se realicen desde grupos parlamentarios y no directamente desde instituciones públicas abre una puerta a confusiones —legales o no— que ahora el Tribunal Supremo deberá analizar con lupa.
Mientras tanto, Ferraz insiste en que todo está en regla y que las dudas de los investigadores se explican fácilmente con los procedimientos internos. La justicia tendrá la última palabra.