El PSOE ha presentado una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos. Según los socialistas, Rodríguez habría obtenido información personal de dos periodistas de El País a través de un policía nacional que forma parte de la escolta de la presidenta madrileña. Estos datos, junto con fotografías de los reporteros, habrían sido compartidos en un chat de periodistas y posteriormente difundidos por medios de comunicación cercanos a la derecha.
La denuncia, interpuesta en un juzgado de Madrid, detalla que los hechos ocurrieron el 19 de marzo, cuando los periodistas se encontraban cerca del domicilio de Ayuso. Los reporteros investigaban un caso de fraude fiscal relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta, tras una exclusiva publicada por eldiario.es.
La cadena de difusión
En el documento presentado, el PSOE afirma que Rodríguez envió un mensaje en un chat con información privada de los periodistas, acompañada de una fotografía tomada durante la interacción con el escolta. Según la denuncia, el agente de Policía mantuvo una conversación “cordial” con los reporteros y no presentó ninguna acusación contra ellos. Sin embargo, Rodríguez utilizó la información para acusarles públicamente de acosar a los vecinos de Ayuso, incluidas menores de edad.
Ese mensaje fue posteriormente reproducido en medios como Estado de Alarma, dirigido por Javier Negre. En este canal, los periodistas fueron identificados por su nombre y apellidos, acompañados de acusaciones graves como acoso a menores, basándose en “fuentes de la Comunidad de Madrid”.
La defensa de Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez reconoció haber compartido la información, aunque alegó que fue a título personal y con un alcance limitado: “La identidad la desvelé a 18 personas, nada más”, declaró a El Mundo. Sin embargo, esta afirmación no apaciguó las críticas, dado que el contenido trascendió rápidamente al ámbito público, exponiendo a los periodistas a un acoso mediático.
La acción de Rodríguez se enmarca, según el PSOE, en una campaña de hostigamiento contra los medios que destaparon el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Este entorno habría difundido también otros bulos, como el supuesto intento de dos periodistas de eldiario.es de entrar en el domicilio de Ayuso disfrazados de técnicos, una acusación falsa que no fue contrastada.
Un delito grave
El PSOE no solo solicita la imputación de Rodríguez, sino que también exige que se investigue su teléfono móvil para evitar la posible destrucción de pruebas relacionadas con el caso. Asimismo, pide que se ofrezca a los periodistas de El País la posibilidad de ser reconocidos como perjudicados en el procedimiento judicial.
En la denuncia, los socialistas argumentan que la actuación de Rodríguez constituye un delito de revelación de secretos, tipificado en el Código Penal español. Este delito puede implicar penas de prisión, especialmente si la información se obtiene de un funcionario público o si su difusión tiene consecuencias graves para las personas afectadas.
Estrategias cuestionables
La figura de Miguel Ángel Rodríguez, conocido por sus polémicas declaraciones y estrategias mediáticas, vuelve a estar en el centro de la controversia. Su papel como jefe de gabinete de Ayuso ha sido clave en la construcción de la narrativa política de la presidenta, pero también le ha granjeado críticas por sus métodos poco ortodoxos.
En este caso, la denuncia presentada por el PSOE podría abrir una nueva investigación judicial que, además de afectar a Rodríguez, podría salpicar a otros miembros del entorno de Ayuso. La presidenta ha evitado pronunciarse sobre el asunto, pero la oposición no ha tardado en señalar que este escándalo evidencia una falta de transparencia y ética en su gobierno.
Esta denuncia llega en un momento especialmente delicado para el Partido Popular, inmerso en varias polémicas relacionadas con la gestión de Ayuso y su equipo. Para el PSOE, la actuación de Rodríguez no es solo un ataque contra los periodistas, sino una estrategia para desviar la atención del caso de fraude fiscal que implica a la pareja de Ayuso.