Una presunta infiltración digital sin precedentes ha sacudido los cimientos del Senado. La Cámara Alta ha despedido fulminantemente a dos técnicos informáticos acusados de acceder sin autorización a cuentas personales de varios senadores, algunos de ellos implicados en comisiones de investigación. El PSOE ha solicitado que la Fiscalía intervenga, al considerar los hechos como un posible caso de espionaje parlamentario.
Fraude y deslealtad en la Cámara Alta
La Mesa del Senado se reunió de forma urgente tras detectar una “infiltración masiva” en la identidad digital de diversos senadores, según ha denunciado el Grupo Socialista. La decisión de despedir a los dos técnicos, tomada por unanimidad, se sustenta en una “falta disciplinaria muy grave” tipificada como fraude, deslealtad y abuso de confianza.
Los acusados, un matrimonio de opositores contratados como personal laboral, habrían accedido a correos electrónicos y otros datos sensibles de parlamentarios y funcionarios de la Cámara. Según fuentes de Presidencia del Senado, los hechos habrían ocurrido “hace meses”, momento en el cual se abrió un expediente interno que ha desembocado ahora en su expulsión.
El PSOE ha exigido una “investigación exhaustiva” de lo que considera una posible vulneración de derechos digitales de senadores pertenecientes a “varios grupos”. Entre los afectados se encuentran miembros de comisiones de investigación actualmente en curso, lo que agrava el alcance del incidente. “Se trata de un hecho muy grave que puede comprometer tanto la intimidad de los parlamentarios como las garantías democráticas de su labor de representación”, han declarado fuentes del grupo socialista, que ha promovido que sea el Ministerio Fiscal quien se encargue de esclarecer los hechos. Esta propuesta ha contado con el respaldo del Partido Popular.
La Mesa del Senado ya ha remitido la información a la Fiscalía, por si pudiera derivarse alguna responsabilidad penal o delito relacionado con el acceso indebido a información confidencial. El caso, que algunos ya califican como uno de los más graves en la historia reciente de la institución, abre serias preguntas sobre la seguridad digital en el corazón del poder legislativo.
Este episodio no sólo pone en entredicho los protocolos de seguridad de la Cámara Alta, sino que podría establecer un precedente inquietante respecto a la integridad de los procesos parlamentarios en España. A medida que avancen las investigaciones, se espera que se determine cuántos senadores han sido espiados y qué tipo de información fue sustraída. El Senado, mientras tanto, queda bajo la sombra de la sospecha.