El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que busca reafirmar su compromiso con un sistema público de pensiones que sea sostenible, suficiente, equitativo y solidario. La iniciativa pretende garantizar la seguridad económica de los actuales pensionistas y de las generaciones futuras.
La propuesta llega en un momento en que el debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones ha vuelto al centro de la agenda política. No obstante, el PSOE se apoya en datos recientes para defender su modelo. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones se mantiene dentro del umbral de sostenibilidad marcado por el Real Decreto-ley 2/2023.
Desde el Grupo Socialista destacan que este resultado confirma la eficacia de las reformas estructurales puestas en marcha desde 2021, fruto del consenso alcanzado en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social. Entre esas medidas, subrayan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las vías de financiación del sistema, el fortalecimiento del Fondo de Reserva, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral, que ha contribuido a crear empleo más estable y de calidad.
En la Comisión del Pacto de Toledo, la portavoz socialista, Ana Cobo, reafirmó el rechazo de su grupo a cualquier intento de privatización del sistema de pensiones. “Defendemos un modelo justo, fuerte y sostenible frente a quienes buscan debilitarlo en favor de intereses privados”, aseguró.
La proposición no de ley también insta al Gobierno a seguir cumpliendo con la regla de gasto, reforzar la creación de empleo de calidad —con especial atención a mujeres y jóvenes—, garantizar la suficiencia del Fondo de Reserva ante el reto del envejecimiento poblacional, y consolidar una financiación sólida que blinde el papel del sistema público como herramienta clave de cohesión social y estabilidad económica.
Con esta iniciativa, el PSOE busca enviar un mensaje de confianza en el futuro del sistema público de pensiones y cerrar filas frente a discursos alarmistas sobre su sostenibilidad.