Una treintena de colectivos sociales y sindicales en defensa del Mar Menor se concentró el pasado lunes a las puertas de la Asamblea Regional de Murcia para exigir una prórroga indefinida a la moratoria urbanística que protege a la laguna hasta el 3 de agosto, fecha en la que dejará de estar en vigor. La manifestación se produjo días antes de que el Gobierno regional del popular López Miras viera cómo fracasaba su intento de sacar adelante, en la Asamblea Autonómica, un decreto ley con el que pretendía prorrogar la moratoria urbanística del Mar Menor, gravemente amenazado por los vertidos y la contaminación que han provocado varios episodios de falta de oxígeno en la laguna con muerte súbita de decenas de especies marinas.
La izquierda (PSOE y Podemos) votó en contra del decreto ley. Los portavoces del PSOE y de Podemos, José Vélez y María Marín, respectivamente, aseguraron que la moratoria presentada por el Ejecutivo modifica la “letra pequeña del texto legislativo vigente” desde 2020 para permitir nuevos desarrollos urbanísticos en los municipios ribereños del Mar Menor. De hecho, socialistas y podemitas creen que la legislación “da vía libre a la construcción de viviendas en Los Belones y de un centro comercial en La Manga”, informa La Opinión de Murcia.
También Vox ha votado en contra, pero por razones diferentes, ya que considera que la legislación “criminaliza al urbanismo”, y ha culpado al Gobierno de mantener las deficiencias en las redes de saneamiento de los municipios, que producen filtraciones al Mar Menor.
Movilización ciudadana
Mientras tanto, las protestas ciudadanas para salvar el Mar Menor siguen adelante. Los asistentes a la manifestación del lunes, aproximadamente un centenar de personas, leyeron un manifiesto conjunto en el que se advierte de que las formaciones políticas que aspiran a la investidura del Gobierno de Murcia “siguen negociando con fines partidistas el expolio del patrimonio natural de la Región”.
Igualmente, insistieron en que el Mar Menor “no es moneda de cambio” y defendieron la necesidad de contar con leyes medioambientales, “imprescindibles” para “dar un respiro a la frágil situación” de este ecosistema: en este sentido, han asegurado que la moratoria urbanística no debe decaer porque “siguen plenamente vigentes” los motivos que llevaron a establecerla.
También reprocharon al Ejecutivo de Fernando López Miras que haya incumplido los tres años de plazo que tenía para aprobar un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, al que va ligado la moratoria urbanística, generando esta situación de caducidad.
Entre los asistentes a la protesta se encontraban los dos diputados del grupo parlamentario Mixto (Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde), Víctor Egío y María Marín, y esta última aseguró que la solución del Mar Menor es protegerlo como Parque Regional, y no la Ley del Mar Menor, pues entiende que está “llena de trampas” y responde a los intereses del ‘lobby’ de la agroindustria capitaneado por la Fundación Ingenio.
Gritos como “Mar Menor vivo”, “No más construcción en el Mar Menor” o “Mar Menor, Parque Regional” se corearon durante la concentración, en la que se podían leer pancartas alusivas al vertido cero, los derechos y la justicia por la naturaleza o el calentamiento global.
No obstante, la mayor parte de las pancartas pedían una moratoria urbanística indefinida, que se cumpla la Ley del Mar Menor y el fin del “ecocidio” de la laguna, junto a la petición de un S.O.S. que salve al Mar Menor.
El manifiesto también ha enumerado una relación “amenazas de urbanismo descontrolado” que podrían ponerse en marcha si deja de estar en vigor la moratoria, en su mayor parte en el municipio de San Javier, como un edificio de 18 plantas en sustitución del antiguo hospital Los Arcos y varias urbanizaciones en La Manga, entre otras.