El Gobierno cree haber encontrado en la reforma Bolaños la manera de evitar que la extrema derecha controle los juzgados y tribunales de este país. La reforma de la Ley del Poder Judicial que prepara el Ejecutivo de coalición introduce cambios en las oposiciones a jueces y fiscales y da prioridad a la habilidad para relacionar conceptos jurídicos, suprime una prueba oral e introduce otra escrita consistente en un caso práctico, con el objetivo de reducir la necesidad de memorizar y el tiempo de preparación del examen, según la agencia Efe. De esta manera, dice Bolaños, lograrán la plaza aquellos candidatos con mejor preparación y no solo los hijos de jueces y abogados con grandes bufetes, con mano y enchufe en el sector.
Con estos cambios, el Ejecutivo busca adecuar los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal a las necesidades actuales, tal como explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. “Lo cierto es que el trabajo de los jueces y magistrados de nuestro país es sobre todo escribir y razonar en derecho. Y sin embargo, no hay ninguna prueba en la oposición que valore la habilidad para escribir, para relacionar conceptos jurídicos”, señaló Félix Bolaños.
Así, esta reforma suprimirá una de las dos pruebas orales e introducirá una prueba escrita y anónima consistente en un caso práctico, que permitirá detectar en el aspirante aquellas otras habilidades, más allá de las puramente memorísticas.
Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, estos cambios son positivos porque se pasa de dos ejercicios orales teóricos, recitando tres temas, a uno teórico y otro práctico, escrito, para demostrar no sólo el conocimiento memorístico sino de las instituciones jurídicas que tienen que aplicarse habitualmente en los juzgados.
“Se trata de garantizar que además de capacidad memorística se tiene habilidad argumentativa, se razona jurídicamente y se aplican las instituciones memorizadas en la práctica, evitando que sólo se pondere la memoria”, argumenta.
La medida se une a otras como la reforma para evitar que organizaciones ultras tomen parte en los juicios como acusaciones populares; la norma para que cualquier persona, con independencia de la renta de su familia, pueda acceder a la carrera judicial por ley mediante un sistema de becas público; y la posibilidad de que los exámenes sean anónimos, lo que garantizaría la imparcialidad de los tribunales encargados de la oposición. Todo ello tiene un claro objetivo: que la Administración de Justicia haga la debida transición democrática que no hizo en su momento, si nos atenemos a casos como el del juez Adolfo Carretero, cuyo interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa, en el caso Errejón, es más parecido al de un magistrado de tiempos franquistas que al de un profesional adaptado a los parámetros y valores del siglo XXI.
El Gobierno, además, va a habilitar un centro público de preparación de opositores a los altos puestos de la Administración de Justicia. En concreto, va a convertir el actual Centro de Estudios Jurídicos, que sirve para formar a los fiscales recién ingresados en la carrera, en un centro público de preparación de oposiciones, con delegaciones en cada territorio.
“Vamos a garantizar que haya innumerables lugares a lo largo de toda la geografía de nuestro país, con edificios propios del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y con convenios con otras instituciones, para que cualquier opositor en cualquier provincia pueda tener un centro público de preparación de oposiciones”, explicó Bolaños.
Al tiempo, se elaborará un registro público de los jueces y magistrados que actúan como preparadores. “Será una herramienta útil para los distintos opositores, que podrán saber, por provincias, quiénes han pedido la compatibilidad”.
El portavoz de JJpD afirma que esto es consecuencia de las exigencias de transparencia que son razonables en cualquier cuerpo del Estado, como la judicatura. “Hasta la fecha el CGPJ exigía declarar que se preparaba a partir de cierto número de opositores y ahora se eleva esa decisión del consejo a norma legal y además para cualquier número de personas a la que se prepare”.
La cuantía de las ayudas a familias con menos recursos, a las que podrán acceder los opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias, nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.
Puede que la reforma Bolaños no termine con sentencias como la de la manada (siempre habrá jueces reaccionarios), pero sin duda las hará menos abundantes y recurrentes.