El Hogar San Mateo, un centro de acogida gestionado por la Comunidad de Madrid y perteneciente a la Asociación de Intervención y Desarrollo ABRAZO, está en el centro de una grave denuncia por abusos sexuales. Dos menores han declarado haber sido víctimas de violaciones y agresiones sexuales continuadas durante varios años a manos de cinco residentes del centro, mientras que el director del hogar presuntamente conocía los hechos y no actuó para protegerlas, según ha desvelado El Plural.
La situación salió a la luz cuando varios trabajadores del centro, tras enterarse de lo ocurrido, decidieron denunciar los hechos ante la policía en diciembre del pasado año. Según el testimonio de estos empleados, el director del centro estaba al corriente de los abusos desde al menos un año antes de la denuncia, pero optó por ocultarlos. Entre los presuntos agresores, cuatro ya habían alcanzado la mayoría de edad en el momento de la denuncia y dejaron el centro sin que se pudiera hacer un seguimiento de su paradero. Sin embargo, uno de los implicados continúa siendo menor y conviviendo con las víctimas.
"Nos dijo que no se podía hacer nada"
Las menores relataron los abusos al director del hogar, confiando en que tomaría medidas. "Nos dijo que no nos preocupáramos y que lo comunicaría al resto de los educadores", ha declarado una de las víctimas. Sin embargo, el personal del centro asegura que el director no informó a nadie y que intentó disuadir a las menores de contar lo ocurrido.
Los trabajadores del hogar fueron quienes tomaron la iniciativa y llevaron la denuncia a la policía el 14 de diciembre. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación y tomó declaración a las víctimas y a los denunciantes entre diciembre y enero.
La Comunidad de Madrid intentó silenciar el caso
El 16 de diciembre, apenas dos días después de que los trabajadores acudieran a la policía, la Comunidad de Madrid citó a los denunciantes a una reunión. Según el testimonio de los empleados señalado por el medio citado, los responsables autonómicos no se centraron en los abusos denunciados, sino en minimizar el impacto público del caso. "Nos dijeron que no removiéramos las cosas", afirmó una de las trabajadoras.
Uno de los aspectos más alarmantes es que, a pesar de la denuncia y la investigación en curso, el director del centro continúa en su puesto. Además, el agresor menor de edad no ha sido apartado del centro ni se ha solicitado una orden de alejamiento para proteger a las víctimas.
Respuesta insuficiente de la Comunidad
Según indica el citado medio, se tuvo acceso a un correo electrónico enviado por la Coordinación de Centros de la Comunidad de Madrid a uno de los trabajadores denunciantes. En la respuesta, fechada el 4 de febrero, la administración regional se limita a decir que el caso está en manos de la Policía y que "no hay que tratar más el tema con los niños". También rechazan proporcionar el acta de la reunión del 16 de diciembre, solicitada por los abogados de los denunciantes.
Los trabajadores del centro consideran que la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido negligente y que han tratado de encubrir el caso en lugar de proteger a las menores. "Han tapado todo", declara A.M.D, uno de los empleados que denunció los hechos. Además, señalan que ni el director ni la coordinadora del hogar cumplen con los requisitos de titulación para sus cargos y que el centro sigue funcionando sin cambios significativos tras la denuncia.
La impunidad de los agresores
El hecho de que cuatro de los presuntos agresores ya sean mayores de edad dificulta su localización y procesamiento. Mientras tanto, el menor denunciado sigue conviviendo con las víctimas, lo que genera un ambiente de inseguridad y revictimización para ellas.
La falta de medidas por parte de la Comunidad de Madrid también ha tenido consecuencias psicológicas para las menores. Una de ellas ha expresado su deseo de abandonar el centro debido a la presión y el maltrato emocional que sufre por parte de la dirección del hogar tras haber denunciado.
Este escándalo reabre el debate sobre la gestión de los centros de acogida en la Comunidad de Madrid y la falta de mecanismos de protección efectivos para los menores tutelados. La inacción de la administración y el presunto encubrimiento de los abusos por parte de la dirección del hogar dejan en evidencia un sistema que, lejos de proteger a los menores, ha permitido que el horror continúe en silencio.