El grupo parlamentario Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que propone que todos los suelos en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio público. El objetivo es garantizar su uso exclusivo para construir vivienda protegida de alquiler, con una calificación indefinida.
Una propuesta para transformar el mercado del suelo urbano
La proposición no de ley, registrada por Sumar para su debate en la Comisión de Economía del Congreso, plantea que dichos terrenos sean transferidos a la empresa pública de vivienda, de forma que queden integrados en el patrimonio estatal o autonómico, dependiendo de la voluntad de cada comunidad. Esta medida, según defiende la formación, debe ir acompañada de la obligación de mantener de forma permanente su calificación como suelos para vivienda de protección oficial (VPO).
A juicio de la coalición de izquierdas, la Sareb, también conocida como el 'banco malo', puede desempeñar un papel esencial en la política pública de vivienda. Su capacidad operativa y el volumen de activos bajo su control la convierten en una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda desde los entes públicos.
Más de 38.000 viviendas y miles de suelos infrautilizados
La Sareb fue constituida en 2012 como parte del plan de saneamiento del sector financiero tras la crisis económica. En la actualidad, mantiene en su balance más de 38.300 viviendas, de las cuales 13.000 ya están alquiladas a familias en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo prevé transferir otras 15.000 viviendas que requieren rehabilitación, además de incorporar 10.000 unidades más entre 2026 y 2027. Asimismo, existen más de 14.000 viviendas disponibles para ser destinadas al parque público.
No obstante, Sumar enfatiza que, más allá de las viviendas, tanto la Sareb como Árqua poseen una considerable cantidad de suelo urbanizable. Parte de este patrimonio ya fue objeto de un intento fallido por parte de la entidad, que licitó 50 suelos con el objetivo de construir 3.770 viviendas dentro del denominado Plan Viena, iniciativa que no logró atraer al sector privado y cuya licitación quedó desierta.
“Ese proyecto no tiene viabilidad”, sostiene Sumar en su propuesta, añadiendo que esos terrenos deben pasar a formar parte de la nueva empresa pública para asegurar su uso social y frenar la especulación. Para la formación, el traspaso a manos públicas y la calificación indefinida como suelo VPO son condiciones imprescindibles para abordar el problema estructural de la vivienda en España.
Con esta iniciativa, Sumar busca reorientar el papel de la Sareb desde su función financiera original hacia un enfoque social más comprometido con el derecho a la vivienda. Si la propuesta prospera, supondría un cambio significativo en la gestión del suelo urbano y una oportunidad para fortalecer el parque público de alquiler protegido en España.