Tres magistrados del Tribunal Supremo deben decidir si mantienen o no la prisión provisional de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, investigado por presunta corrupción. La Fiscalía Anticorrupción rechaza su excarcelación y advierte de que su libertad podría facilitar la destrucción de pruebas. La defensa, por su parte, denuncia una instrucción que califica de “inquisitiva” y sin fundamentos sólidos.
El Tribunal Supremo celebra este martes una vista clave que podría determinar si Santos Cerdán permanece en prisión o queda en libertad provisional. El recurso del exdirigente socialista, que se encuentra en el centro de una investigación por presunta corrupción en el denominado caso Koldo, será revisado por la Sala de Apelación, con el magistrado Pablo Llarena como ponente.
La cita, programada para las 10:30 horas y celebrada a puerta cerrada, pone sobre la mesa dos visiones enfrentadas: la de una defensa que insiste en que no hay indicios reales para mantenerle encarcelado, y la de una Fiscalía que alerta del riesgo de fuga y de manipulación del proceso judicial si Cerdán abandonara el centro penitenciario de Soto del Real.
“Causa general” sin indicios concretos
El recurso de apelación presentado por la defensa de Cerdán el pasado 3 de julio sostiene que la prisión provisional es injustificada y contraria a la presunción de inocencia. En el escrito se denuncia que el auto que lo envió a prisión se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) asumido, según la defensa, de forma “acrítica” por parte del juez instructor, y sin respaldo probatorio suficiente.
A juicio del ex secretario de Organización del PSOE, se trata de una “causa general” construida sobre interpretaciones subjetivas, más que sobre hechos concretos. La defensa ha acusado además al instructor, el juez Juan Carlos Puente, de mantener una posición “sistemáticamente desfavorable al reo”, con una perspectiva “netamente inquisitiva”.
Anticorrupción marca distancias con otros implicados
Frente a estos argumentos, la Fiscalía Anticorrupción se ha mantenido firme. En un escrito fechado el pasado 11 de julio, el Ministerio Público impugnó los motivos del recurso y subrayó que la libertad de Cerdán podría “alterar o destruir pruebas” relevantes para la investigación.
El criterio de Anticorrupción en este caso contrasta con el adoptado respecto a José Luis Ábalos y Koldo García, también señalados en la misma causa. Para ellos, la Fiscalía no pidió prisión preventiva, sino medidas cautelares menos gravosas: prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.
La decisión de mantener a Cerdán entre rejas, por tanto, evidencia que el Ministerio Público ve en él un papel más activo o con mayor capacidad de influencia sobre el curso de las diligencias.
El análisis que hará hoy la Sala de Apelación del Supremo marcará un punto de inflexión en la evolución judicial del caso, no solo por lo que supone para el propio Cerdán, sino también por el clima político que rodea a la causa. En plena ofensiva mediática y parlamentaria de la oposición, el proceso se ha convertido en una piedra angular del discurso del PP, que busca con insistencia desgastar al Gobierno utilizando como munición un caso aún en fase de instrucción.
La resolución del recurso, que se conocerá en los próximos días, aclarará si el exdirigente socialista debe seguir privado de libertad o si, como argumenta su defensa, puede afrontar el procedimiento desde fuera del centro penitenciario sin interferir en la investigación.