La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el centro de la polémica por las condiciones laborales de las Brigadas Forestales. Este lunes, los efectivos retomaron la huelga tras años de reivindicaciones sin respuesta efectiva, mientras que Tragsa, la empresa pública encargada de gestionar su nómina se desvinculó oficialmente de la negociación del convenio regional sectorial.
Jesús Casas, presidente de Tragsa, fue claro: la compañía no está “legitimada” para discutir un convenio del que no forma parte. En declaraciones a RNE, respondió directamente a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien había afirmado que Tragsa paga las nóminas y debería, por tanto, garantizar mejoras laborales. Casas insistió: “No se nos puede pedir que negociemos un convenio que no nos compete. Somos una empresa del Estado, con convenios de alcance nacional, y sería una locura tener uno diferente para cada provincia”.
El trasfondo de esta polémica es que, desde 2022, Tragsa asumió la gestión de los servicios forestales en la región, subrogando al personal que antes trabajaba bajo empresas privadas con un convenio propio. “No es personal de Tragsa; es personal que ya estaba en el servicio con un convenio regional sectorial”, recalcó Casas, poniendo en evidencia la confusión que existe entre la gestión de nóminas y la negociación de condiciones laborales.
Salarios congelados y precariedad estructural
Entre las principales demandas de los brigadistas destacan la actualización de los salarios, congelados desde 2010, y la negociación de un nuevo convenio, pendiente desde 2008. El colectivo también reclama que se reconozca la peligrosidad, la penosidad y la toxicidad de su trabajo, dado que no están protegidos frente a agentes cancerígenos y muchos solo cuentan con contratos temporales. Actualmente, un 40 % de la plantilla trabaja apenas cuatro meses al año.
Las condiciones de las bases, algunas con más de dos décadas sin reformas, son otro punto crítico. Además, los sindicatos exigen la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre pasado, que consideran ignorada por la Comunidad de Madrid. La acumulación de demandas explica que la huelga haya vuelto a activarse con fuerza, mostrando la tensión entre la administración regional y los trabajadores.
Casas quiso subrayar que, aunque Tragsa gestione las nóminas, la responsabilidad de negociar corresponde a la Comunidad de Madrid. Según sus palabras, tanto los servicios jurídicos del Estado como los de la administración autonómica han confirmado que la empresa pública no tiene competencias para discutir convenios sectoriales regionales de incendios.
Diferencias salariales dentro de España
El presidente de Tragsa también abordó la polémica por la supuesta nómina de 1.300 euros que habría recibido algún personal de la Comunidad de Madrid. “No sé si ganan exactamente 1.300 euros; lo que se ha difundido corresponde a un peón fuera del proceso de extinción”, explicó. Aclaró que los brigadistas madrileños “no son bomberos forestales, sino brigadistas” y que la denominación correcta tiene implicaciones jurídicas y salariales.
Asimismo, Casas resaltó que las retribuciones del colectivo varían mucho entre comunidades autónomas. Mientras algunos profesionales pueden superar los 32.000 euros brutos anuales, en otras regiones la cifra apenas alcanza la mitad. Esta desigualdad genera un evidente agravio comparativo entre compañeros que realizan labores idénticas bajo condiciones de riesgo similares.
Tragsa, un instrumento del Estado
El dirigente de Tragsa aprovechó para recordar que la empresa actúa como un instrumento del Estado y que sus convenios son nacionales. “Como profesional, me gustaría que los brigadistas ganasen más, pero debemos seguir las directrices establecidas por las administraciones”, dijo, enfatizando la limitación de competencias de su empresa frente a las demandas locales.
En cuanto a las reuniones convocadas por los sindicatos, Casas señaló que Tragsa siempre asiste, pero criticó intervenciones mediáticas que “llaman a altísimos cargos del Gobierno sin que tenga sentido que estén allí”. Con esto, el presidente de la empresa buscaba poner límites a la presión mediática y subrayar la necesidad de procedimientos formales para abordar las reivindicaciones.
El riesgo de un trabajo olvidado
La situación de las Brigadas Forestales no solo refleja un problema laboral, sino también un riesgo para la seguridad de todos. Estos profesionales son esenciales durante la temporada de incendios, y la falta de reconocimiento formal y condiciones dignas puede afectar su rendimiento y motivación. El conflicto también evidencia la complejidad de los convenios en servicios gestionados por empresas públicas pero con personal transferido de acuerdos regionales previos.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid permanece como el actor clave para resolver esta situación. La atención se centra ahora en si la administración regional asumirá la negociación pendiente y logrará actualizar salarios, mejorar las bases y reducir la temporalidad, tal como reclaman los sindicatos.
Más allá de los salarios y los convenios, la huelga de las Brigadas Forestales es un termómetro de la política laboral y de gestión en España. La resolución del conflicto puede sentar precedentes sobre cómo se coordinan los servicios públicos entre empresas estatales y administraciones autonómicas, y sobre el respeto a derechos laborales de trabajadores que realizan funciones críticas en condiciones de alto riesgo.
Por ahora, la incertidumbre persiste. Los brigadistas madrileños siguen en huelga, Tragsa mantiene su posición y la Comunidad de Madrid tiene sobre la mesa la responsabilidad de negociar un convenio que garantice tanto la justicia laboral como la seguridad en la extinción de incendios.