Una vez que finalice el estado de alarma, en principio y si no hay ampliación, el 9 de mayo, miles de familias vulnerables de este país volverán a estar en manos de los bancos y los grandes propietarios de vivienda. Así, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, advierte sobre la situación de vulnerabilidad que afectará a partir de esa fecha a miles de familias.
Desde el sindicato alerta que a partir del 9 de mayo “decaerá la protección adoptada durante la pandemia de las personas frente a los desahucios “.
También dejará de estar activa la prohibición de los cortes de luz y energía. Una situación que preocupa a Mari Carmen Barrena: “Desde UGT ya denunciamos que las medidas que estaba adoptando el Gobierno, no tenían en cuenta las dificultades de muchos sectores de la ciudadanía que arrastraban problemas anteriores a la pandemia, pues solo amparaban a personas afectadas directamente por la crisis del COVID-19”.
Además, “quiere advertir que ya la ONU ya condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada y digna, pues en 2020, en plena pandemia, se han producido 80 desahucios por día”.
El RDL de 22 de diciembre, que paralizaba los desahucios en hogares en situación de vulnerabilidad, tuvo un impacto inicial positivo en el descenso de desahucios. Sin embargo, estas medidas caducan el 9 de mayo.
La responsable de Vivienda de UGT ya reivindicó “una Ley Estatal de Vivienda YA, fruto del dialogo social, con medidas que resuelvan este problema”.
Para un verdadero derecho a la vivienda digna, es crucial limitar el precio máximo de los alquileres en zonas tensionadas, para que no supere el 30% de la renta media de los hogares. “Esta regulación debe complementar al establecimiento de un parque público de vivienda social como propusimos en nuestra Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda Digna. Medidas para consolidar hasta 100 mil viviendas públicas de alquiler en un plazo de 4 años, pertenecientes a administraciones, empresas públicas o del sector público pues, para equipararnos la media europea, debemos contar al menos con 1 millón de viviendas públicas más en nuestro país”, ha señalado Mari Carmen Barrera.
Reclaman al gobierno a solucionar de manera urgente este problema, pues mantener los desahucios en nuestro país es algo inaceptable, dado el nivel de desempleo y pobreza crónicos que soporta nuestra sociedad que se han visto agravados con la crisis del covid19.