El Tribunal Supremo ha reprochado a una acusación popular del caso de Begoña Gómez que acuse sin pruebas a Pedro Sánchez de malversar 1.000 millones de euros, informa eldiario.es. Según este medio, el alto tribunal ha desestimado “una denuncia que Iustitia Europa, un partido político extraparlamentario que ejerce la acusación popular en el caso de Begoña Gómez, interpuso contra el presidente del Gobierno por usar fondos del equipamiento militar español para armar al ejército ucraniano. Los jueces tumban la denuncia al entender que se basa en publicaciones de medios de comunicación sin aportar más datos: No hay la más mínima constancia, más allá de una noticia periodística”, reprochan los jueces.
Iustitia Europa afirmaba que Sánchez había “desviado” mil millones de euros de la modernización del Ejército español para apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia. Las cifras que expone, añaden los jueces, “no coinciden”.
Esta organización es uno de los grupos más activos en el intento de derrocar al presidente del Gobierno. Según ABC, “el partido Iustitia Europa ha mandado un escrito a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el que denuncian que el presidente del Gobierno, sirviéndose de los servicios jurídicos del Estado, ha perpetrado un ataque contra la independencia judicial al querellarse contra el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. Una presión a la que se ha sumado ella con su propia querella contra el magistrado”.
En su página web, Iustitia Europa vuelca ideas conspiranocias, como que “los españoles y europeos estamos siendo víctimas del mayor experimento de control social de toda la historia de la Humanidad, donde la Agenda Globalista impone los 17 objetivos de desarrollo sostenible cuando la realidad es que son los objetivos de destrucción de la sociedad”. “Desde el Sector Primario y mundo rural hasta la educación, pasando por la energía, agua, alimentación, dinero, identidad digital, se nos imponen restricciones bajo la falsa bandera de la solidaridad colectiva”.
Entre las pintorescas iniciativas de este grupo cabe destacar que ha solicitado al Juzgado número 41 de Madrid del juez Peinado, que instruye el procedimiento, “las agendas de visitas y encuentros de la Presidencia del Gobierno y el Palacio de la Moncloa”.
Las acusaciones consideran “necesaria e imprescindible” esta solicitud “a la vista de las divagaciones, ambigüedades y, en algunos casos, nulas precisiones de las fechas proporcionadas por el testigo Juan Carlos Barrrabés” (uno de los empresarios investigados por el máster en el que tomó parte Begoña Gómez).
Barrabés afirmó en su declaración que celebró diferentes reuniones en el Palacio de la Moncloa, pero “no confirmó en ningún momento las fechas de manera rotunda, así como tampoco con quién estuvo reunido, las personas intervinientes y la duración de estas reuniones”.
El pasado mes de julio, el Supremo rechazó las teorías de la conspiración sobre las últimas elecciones europeas. Los jueces de lo contencioso descartaron un recurso de Iustitia Europa, que reclamaba la nulidad y repetición de los escrutinios en diez provincias, entre ellas Sevilla, Málaga y Madrid.