La Unión Europea ha gastado decenas de miles de millones de euros para sostener el Estado de bienestar de los Estados miembros. Ahora todo ese dinero que nunca fue a fondo perdido será recuperado por Bruselas.
Según los cálculos realizados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se podrían producir recortes en Francia por valor de 26.000 millones de euros, en Italia por 25.000 millones, en España por 14.000 millones, en Alemania por 11.000 millones, en Bélgica por 8.000 millones y en los Países Bajos por 6.000 millones de euros, de cara a cumplir los objetivos de reducción del déficit en cuatro años, informa UGT.
Si bien es verdad que los Estados miembros podrán solicitar ampliar los recortes a un periodo de siete años, es también cierto que corren el riesgo de que sea a cambio de compromisos de reformas económicas más duras y contrarias a los derechos e intereses de los trabajadores, tal como se experimentó –con durísimos e injustos recortes– durante la pasada década.
Si en este momento Europa debería estar invirtiendo en un futuro verde, sostenible y justo, es evidente que los planes para reintroducir la austeridad pueden devolver a la UE a un periodo más oscuro. “Cuesta creer que los gobiernos nacionales hayan firmado un plan que les obligará a hacer recortes de gasto de más de 100.000 millones de euros en un solo año”, asegura el sindicato. Para UGT, resulta “sorprendente”, cuando “no indignante”, que los gobiernos hayan decidido volver a permitir que el muy “nefasto e ineficaz austericidio” que supuso aumento del paro, salarios más bajos y peores condiciones laborales, infrafinanciación de los servicios públicos y descentralización de la negociación colectiva regrese a la realidad cotidiana de la mayoría social que compone la UE.
El Parlamento Europeo tiene ahora un papel crucial que desempeñar en las negociaciones con el Consejo para limitar los daños, garantizando que las normas fiscales no obliguen a los países a ir demasiado lejos ni demasiado rápido en la reducción de su deuda y su déficit, por lo que el movimiento sindical europeo ha pedido a las y los eurodiputados que garanticen que no se introduzcan las llamadas “salvaguardias del déficit” porque tendrán graves efectos negativos sobre el PIB; que se protejan las inversiones necesarias para la transición ecológica, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y se impidan las reformas contrarias a los derechos e intereses de las personas trabajadoras; y que los límites de la ratio deuda/PIB deben empezar a disminuir una vez finalizado el periodo de ajuste.
Más recorte
El Banco de España ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 para reducir el déficit. En un amplio despliegue de eufemismos, el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que es “absolutamente crucial” tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento “significativo” de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia.
Vuelven a soplar malos tiempos para el Estado de bienestar en Europa. Los “hombres de negro” avisan de que la recaudación tributaria se está desacelerando, lo que pone en riesgo el cumplimiento del déficit. La patronal española se niega a una nueva subida del salario mínimo interprofesional, incluso a la reforma de la jornada semanal, ya que según el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, esas mejoras son simple y llano “populismo”. A los empresarios no les ha sentado nada bien la propuesta que hizo recientemente Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo señaló este miércoles la necesidad de celebrar un debate sobre los “elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país”. Tan solo unas horas después, el presidente de la patronal salía al paso contra Díaz, a quien tachó de querer implantar “una república bananera” en España.